Votando en furgo: así lucha el personal de la embajada contra su limbo legal

Votando en furgoneta frente a la embajada española en Berlín. © Andreu Jerez

La imagen que abre este artículo ilustra a la perfección la tierra de nadie en la que se mueve desde hace años el personal laboral del servicio exterior español: trabajadores de la embajada de España en Berlín eligen a sus representantes para el establecimiento de un comité de empresa en una furgoneta frente al edificio diplomático. No es una situación que los empleados hayan elegido. El embajador prohibió expresamente la votación dentro del recinto diplomático, lo que les obligó a organizar el voto en esta “cabina electoral móvil” con ayuda del sindicato alemán Ver.di. 

Tras años de indecisión, los alrededor de 60 integrantes del personal laboral, el más numeroso de la principal representación diplomática española en Alemania, ha decidido acabar con la falta de representación sindical. O al menos intentarlo. El objetivo es establecer un marco de negociación colectiva con la embajada y, por tanto, con el Ministerio de Exteriores español, su empleador último.

Pese a la negativa de la embajada a que la votación se celebre dentro del recinto, los trabajadores se amparan en el derecho laboral alemán, al cual están sometidos sus contratos de trabajo. El mensaje del sindicato Ver.di es claro: los contratos firmados por el personal laboral de la embajada establecen expresamente que es la ley alemana la que se aplica en caso de conflicto. Hay incluso varias sentencias de tribunales alemanes que así lo establecieron en casos precedentes similares. Con todo, y según denuncia Ver.di, la embajada no sólo se niega a aplicar el derecho laboral español, sino también el alemán, lo que deja a los trabajadores en un limbo legal a la hora de intentar establecer un marco de negociación colectiva. 

“En todas las embajadas en Alemania se aplica el derecho laboral alemán; ello también vale para la ley de régimen de empresa, que establece que a partir de cinco trabajadores, estos pueden elegir un comité”, explica a El Confidencial Andreas Kuhn, secretario sindical de Ver.di en Berlín y Brandeburgo. Kuhn especifica que el derecho a elegir a un comité de empresa está tan protegido por la correspondiente ley alemana, que en caso de que el empleador intente impedirlo, se expone a sanciones. “El embajador debería repensarse su posición antes de que Ver.di inicie un procedimiento legal por el impedimento de la votación”, advertía Kuhn antes de la votación este jueves. 

“No hay ninguna norma alemana que diga que aquí haya que elegir un comité de empresa con sindicatos alemanes. Las elecciones de representantes sindicales están clarísimas, reconocidas en la Constitución y en la legislación europea”, responde a El Confidencial Ricardo Martínez Vázquez, embajador de España en Alemania. “Pero Ver.di está confundiendo una cosa: en Alemania, los sindicatos alemanes ponen en marcha las elecciones para representantes sindicales en todas las empresas, incluidas las españolas. Hay una sola excepción: todas las embajadas. Los representantes sindicales de las embajadas se rigen por la ley nacional, porque, como será sencillo de comprender, a la Embajada española en Berlín no entra la policía alemana ni los sindicatos alemanes. Aquí las elecciones sindicales se hacen con los sindicatos españoles”. 

Tras acogerse a la soberanía nacional para defender el rechazo de la votación, el embajador añade que las negociaciones para la celebración de una elección de comité de empresa para el personal laboral exterior están paradas debido al adelanto electoral y que hay un liberado sindical en Madrid que no está haciendo su trabajo. Desde el colectivo de trabajadores responden, sin embargo, que llevan años esperando a que se establezca ese espacio legal de negociación colectiva, sin resultado alguno.

Preguntado sobre el hecho de que los contratos del personal laboral estén sometidos expresamente a la ley laboral alemana, el embajador Martínez responde: “A los contratos laborales se les aplica, como establecen los acuerdos bilaterales con Alemania, la legislación laboral sobre higiene y seguridad en el trabajo, sobre el despido o incluso si hay que ir a un juicio laboral. Pero no en el ejercicio de los derechos políticos, que son sagrados de la soberanía española. Ver.di está rompiendo la ley metiéndose en algo que no le compete. ¿Me pregunto si se atreverían a hacer lo mismo con los franceses o con los americanos?”. 

Trasfondo de la escalada 

El personal del servicio exterior español se divide en tres grupos: el personal diplomático, los funcionarios destinados a destinos extranjeros y el personal laboral con contratos de empleados públicos. Los dos primeros cuentan con condiciones extraordinarias, como, por ejemplo, la liberación fiscal, mientras que los segundos se quejan de unas condiciones salariales y laborales cada vez más precarias, con el agravante de que la tierra de nadie en la que se encuentra, sin representación sindical, les impide negociar convenios colectivos que mejoren su situación. Integrantes de ese personal laboral temen incluso represalias en caso de hacer públicos sus casos y de seguir presionando para el establecimiento de un marco de negociación colectiva. Por eso prefieren mantener el anonimato. 

La gota que ha colmado el vaso, y que los ha llevado a forzar la elección de un comité de empresa, es la amenaza de quedar fuera la Seguridad Social española, a la que siguen cotizando pese a que sus contratos dicen que están acogidos al derecho laboral alemán. Como recuerda la embajada en un comunicado emitido el miércoles de esta semana y en respuesta a una nota de prensa del sindicato Ver.di, el Reglamento 883/2004 aprobado por el Parlamento y el Consejo Europeos en abril de 2004 “exige que las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia o ajena en un Estado miembro, estén sujetas a la legislación en materia de Seguridad Social del mismo, pues el objetivo de la norma es que quien obtiene los beneficios de la cobertura social de un determinado Estado, cotice en ese mismo Estado, en este caso en Alemania”. 

Esta medida, que se deberá consumar como muy tarde hasta mayo del año próximo, supondrá una pérdida de poder adquisitivo de entre un 15 y un 17%, según cálculos sindicales, ya que las cotizaciones en Alemania son considerablemente más altas en Alemania que en España. Ello, sumado a una congelación salarial acumulada durante 12 años denunciada por los trabajadores, ha hecho que la situación escale y que el personal laboral de la embajada en Berlín decida acogerse al derecho a negociar un convenio colectivo con estándares alemanes a través de un sindicato alemán y de su correspondiente comité de empresa. Quieren así acabar con una situación que consideran absurda: que sus contratos estén sujetos a la legislación laboral alemana y que estén obligados por ley a cotizar en el sistema social alemán, y que, al mismo tiempo, la embajada y el Ministerio de Exteriores sólo consideren interlocutores válidos a los sindicatos españoles. 

Terreno legal desconocido 

Andreas Kuhn, del sindicato Ver.di, reconoce que hasta ahora no ha habido ningún caso similar en ninguna otra embajada en Alemania, con lo que se está pisando territorio legal desconocido. Ver.di insiste en que la embajada está obligada a reconocer como interlocutores a los representantes salidos de la elección de este jueves, y también a correr con los gastos de la elección, de su actividad sindical así como a cederles un espacio dentro de la embajada. Estas serán las primeras demandas del nuevo comité de empresa. 

La respuesta del embajador no parece dejar lugar a dudas sobre cuál será su posición, con referencia indirecta a la cuestión catalana incluida: “Yo no puedo incumplir la ley española y espero que los alemanes respeten la ley alemana y también la española. Porque como empecemos todos a jugar a que nos salirnos de la ley… bastantes problemas estamos teniendo en España con gente que no cumple con la ley para que creemos más problemas de estos. Hay que respetar la ley, y si no nos gusta, hay que cambiarla por la vía democrática. Pero lo que no se puede hacer es convocar unilateralmente cosas que son claramente ilegales”. 

Si nada cambia, todo apunta que el caso acabará en los tribunales alemanes y quién sabe si podría generar un precedente legal que establezca más claramente los límites de la inmunidad de las representaciones diplomáticas dentro de los Estados miembro de la Unión Europea.

Reportaje publicado en El Confidencial.

Seguir a @andreujerez

Judíos, israelíes y acusados de antisemitismo en Alemania

Ronnie Barkan, Stavit Sinai y Majed Abusalama, en Berlín. © Andreu Jerez

“Los alemanes tienen que madurar, tienen que pasar página. Ya es hora de que dejen de apoyar a aquellos que están cometiendo crímenes contra la humanidad. Si aprendieron algo del Holocausto, entonces tendrían que saber que hoy deben apoyar los derechos de los palestinos”. 

Decir una frase así en público no es un paso sencillo en Alemania. La sombra de los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo y del Holocausto sigue marcando la vida política del país, y condicionando las opiniones públicas sobre Israel. Las críticas contra el Estado fundado en 1948 y que debía convertirse en el lugar seguro para los judíos del mundo, pueden tornarse rápidamente en acusaciones de antisemitismo todavía hoy en Alemania, más de 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del hitlerismo. 

El autor del párrafo que abre este artículo es, sin embargo, Ronnie Barkan, judío, israelí y activista del Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS, en sus siglas en inglés), una campaña global que desde hace más de una década intenta presionar a la comunidad internacional para acabar con lo que considera un "sistema de apartheid" levantado por el Estado de Israel contra todos aquellos de sus ciudadanos no judíos y, especialmente, contra los palestinos de los territorios ocupados y en la diáspora.

Ronnie no puede evitar dibujar una sonrisa ante la siguiente pregunta: ¿se puede ser judío y antisemita? El movimiento BDS se enfrenta desde hace tiempo a ese tipo de acusaciones en Alemania por su activismo y denuncia de las operaciones del ejército israelí y la ocupación de Cisjordania o el bloqueo de la Franja de Gaza. 

El BDS es especialmente controvertido en Alemania por las asociaciones psicológicas entre su campaña y el boicot puesto en marcha por los nazis con su llegada al poder en 1933 bajo el lema “No compres a judíos”. La Oficina de Defensa de la Constitución de la ciudad-Estado de Berlín incluso incluyó al BDS en su capítulo dedicado al antisemitismo después de que sus activistas boicoteasen con éxito un festival de música cofinanciado por la embajada israelí en la capital alemana. 

“El sionismo es claramente supremacista, racista, ultranacionalista; tiene las características más horribles. No hay una versión moral del mismo. La campaña de BDS está dirigida contra cualquier forma de racismo, incluyendo el sionismo y el antisemitismo”, asegura Ronnie en conversación con El Confidencial. Este activista de 42 años decidió abandonar Israel por considerar irresponsable seguir viviendo en su país natal ante la actual situación. Tras pasar por Italia, decidió establecerse en Berlín. Pero, ¿por qué Alemania? 

“Este el último bastión para el sionismo, la última frontera. Ello tiene que ver con una 'razón de Estado' que va incluso más allá de la ley y establece que la existencia del Estado de Alemania está intrínsecamente relacionada con la defensa del Estado de Israel, sin entender qué está ocurriendo realmente. Por eso, cualquier crítica al sionismo o al Estado de Israel es entendida como una crítica a Alemania. Incluso una crítica a la ocupación de territorios palestinos, que en realidad es el síntoma del problema, o de los mismos asentamientos israelíes en esos territorios, es motivo suficiente para ser blanco de acusaciones de antisemitismo. Estas son herramientas muy efectivas para negar cualquier tipo de voz crítica con Israel”.

"Alemania no puede fijar los límites” 

Stavit Sinai asiente ante cada una de las frases de Ronnie. Ella también es judía, israelí y antisionista. Esta académica y activista del movimiento BDS residente en Alemania desde años no da crédito a las acusaciones de antisemitismo y antijudaísmo a las que tiene que hacer frente en un país que, paradójicamente, asegura querer defender los derechos de su país natal y su pueblo: “Como hija de una familia superviviente del Holocausto no aceptaría ningún dictado de nadie sobre cómo formular mis ideas políticas ni tampoco me siento obligada a pedir permiso para expresar mi opinión. No creo que la sociedad alemana esté en disposición de establecer cuáles son los límites de la discusión”, sentencia Stavit. 

En los artículos y reportajes publicados por medios alemanes es fácil leer acusaciones veladas de antisemitismo contra el BDS. Sin embargo, rara vez se menciona la condición judía de algunos de sus activistas ni su origen israelí. “Ser judío, israelí y denunciar de forma no violenta en Alemania el apartheid que aplica nuestro país hace muy difícil que nos acusen de antisemitismo”, razona Ronnie sobre esos silencios mediáticos. 

El debate sobre si Israel ha establecido un sistema de apartheid, de segregación por etnia y religión tanto en los territorios palestinos como dentro de sus propias fronteras, no es nuevo. En 2017, un informe realizado por encargo de Naciones Unidas concluyó sin reservas que Israel había erigido un sistema de segregación basándose “en las mismas leyes y principios internacionales de los Derechos Humanos que rechazan el antisemitismo”. 

“Ningún Estado está exento de cumplir las normas y reglas recogidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación Racial. (…) El fortalecimiento de ese cuerpo de la legislación internacional sólo puede beneficiar a todos aquellos grupos que han sufrido históricamente discriminación, dominación y persecución, incluyendo a los judíos”, concluía el informe.

La publicación supuso la reacción inmediata del gobierno israelí, de otras voces de Estados Unidos y de la propia secretaría general de la ONU. Ante la negativa de eliminar el informe de la web de Naciones Unidas, la jordana Rima Khalaf, directora de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental que había encargado la elaboración del estudio, decidió presentar su renuncia. A día de hoy, el informe ya no está en la web de la ONU, pero es fácil de encontrar en otras páginas académicas o de activismo político. 

La legislación internacional en defensa de los Derechos Humanos establece que el crimen de apartheid se traduce en “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y de dominación de un grupo racial sobre otro u otros grupos raciales con la intención de mantener ese régimen”. El concepto de apartheid procede del sistema de dominación blanca sobre la población negra levantado en Sudáfrica el siglo pasado. Mientras voces como la del escritor israelí nacido en Ciudad del Cabo Benjamin Pogrund se niega a aceptar esa comparación aduciendo sus propias vivencias en aquel sistema de segregación racial sudafricano, Ronnie Barkan y Stavit Sinai no tienen dudas al respecto.

Proceso legal 

“Yo crecí en Haifa, una ciudad diversa. Nunca me mezclé con chicos árabes de mi edad, nunca, porque el sistema educativo está segregado. Fui a una escuela para judíos. La población también está segregada por barrios. Nunca me encontré con chicos de mi edad que no fueran judíos. Por supuesto que me encontraba con árabes, pero siempre en contextos en los que ellos me servían a mi. Me criaron, por tanto, como si yo perteneciese a una raza superior”, explica Stavit. 

Ronnie va más allá de su propia experiencia personal y saca un tabla de elaboración propia basada en datos de la Oficina Central de Estadística de Israel: según esa tabla, la legislación israelí establece tres categorías a la hora reconocer los derechos de los habitantes de Israel y de los territorios ocupados: la ciudadanía, la nacionalidad (judía, árabe, drusa, etcétera) y la religión. Según Ronnie, a cualquier persona que no cuente con una ciudadanía israelí y una nacionalidad judía, reconocidas oficialmente como tales por las autoridades israelíes, le serán negados automáticamente los plenos derechos y deberes ciudadanos. Aquellos ciudadanos palestinos que no cuenten con ciudadanía israelí y que vivan en territorios ocupados o en la diáspora forzada conforman el escalón más bajo, sin estatus ni derecho alguno. “Si todos los ciudadanos de Israel contasen con una ciudadanía israelí, ello significaría el fin del apartheid”, añade Ronnie.

Un ejemplo claro de esta última categoría está sentado al lado de los dos activistas israelíes del movimiento BDS. Se llama Majed Abusalama y es un refugiado palestino que pudo abandonar la Franja de Gaza en 2014 tras recibir un disparo del ejército de Israel. Majed, que había sufrido previamente la persecución de Hamás en Gaza, colaboró con fundaciones de partidos políticos alemanes como la CDU o La Izquierda tras su llegada al país. Dejó de hacerlo cuando empezó a sentirse utilizado para justificar la posición de las instituciones alemanas respecto al comportamiento de Israel para con su pueblo. Actualmente también es activista en el movimiento BDS de Alemania: “Para mi vivir en Gaza significó vivir en una prisión a cielo abierto, en un campo de concentración, en un gueto. Yo viví allí y sé cómo vive mi gente allí en estos momentos”.

En junio de 2017, Ronnie, Stavit y Majed protagonizaron una acción de protesta durante una conferencia ofrecida en la Universidad Humbold de Berlín por la parlamentaria israelí Aliza Lavie, diputada del partido centrista, laico y opositor Yesh Atid. Los activistas quisieron llamar así la atención sobre lo que ellos consideran la colaboración necesaria de la oposición israelí laica con el sistema de ocupación y bloqueo contra la población palestina que mantiene el actual gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. 

La acción no les salió gratis. Los dos activistas israelíes afrontan ahora un proceso legal en Berlín por intento de agresión y allanamiento, en un acción calificada por la práctica totalidad de la prensa alemana de “ataque antisemita”. Ronnie y Stavit asumen las posibles consecuencias legales, pero se niegan a dejar de ejercer su activismo en Alemania: “Al igual que un blanco en la Sudáfrica del apartheid, aquí nosotros tenemos dos opciones: o estás en contra o estás a favor; en aquella Sudáfrica no había una tercera opción y tampoco la hay con el actual sionismo”.

Artículo publicado por El Confidencial.

Seguir a @andreujerez

¿Qué significa ser de ultraderecha en pleno siglo XXI?

No se recuerda un debate tan encendido y polémico sobre qué define a la ultraderecha como al que asistimos actualmente en los medios de comunicación europeos y americanos. Una discusión alentada por el avance electoral de partidos, movimientos y líderes políticos como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, ya en el poder, o de AfD en Alemania y VOX en España, que amenazan con participar en gobiernos o, al menos, con condicionar la gobernabilidad de sus respectivos países. 

Pese al intenso debate generado, establecer qué elementos comunes definen a los nuevos partidos o movimientos ultraderechistas sigue generando ríos de controvertida tinta. Y lejos de avanzar hacia un consenso, las diferencias parecen incluso estar ampliándose: en algunos casos, por los intentos de blanquear posiciones inequívocamente ultraderechistas, que suponen una clara amenaza al sistema de convivencia democrática, y en otros, por las honestas dudas sobre cuáles son las líneas divisorias reales entre las posiciones ultraderechistas y las del ultraconservadurismo y la derecha radical. 

El debate teórico sobre esta última división tiene un largo recorrido en Alemania, cuya democracia ha estado escoltada por movimientos ultraderechistas o directamente neonazis prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la fundación en 1949 de las dos repúblicas construidas sobre los escombros del nacionalsocialismo. En la actual República Federal de Alemania, la única que sobrevivió al fin de la Guerra Fría, no son pocos los que se preguntan hoy qué significa ser de ultraderecha en pleno siglo XXI, en el que la digitalización e Internet han cambiado radicalmente la forma de hacer política y también de comunicarla. 

“Ya que el ultraderechismo no cuenta con un concepto ideológico homogéneo, tampoco hay una definición uniforme para el término”, escribe Gabriele Nandlinger, periodista especializada en extremismos derechistas del portal alemán Blick nach Rechts. “Por lo general, los ultraderechistas rechazan el orden democrático y liberal -incluso a través del uso de la violencia- y quieren construir un sistema estatal autoritario o incluso totalitario, en el que una ideología nacionalista y racista debería servir de base para el orden social”. 

Según Nandlinger, la Oficina Federal de Protección de la Constitución en Alemania considera los siguientes elementos a la hora de incluir movimientos o partidos en su apartado dedicado al ultraderechismo: agresivo nacionalismo, el deseo de construir una comunidad sobre bases raciales, el antipluralismo, la xenofobia ligada por lo general al antisemitismo, las posiciones que apuestan por un estado liderado por una figura autoritaria, el militarismo, la relativización o banalización de los crímenes nacionalsocialistas, así como la difamación de las instituciones democráticas y de sus representantes. 

Fronteras difusas 

A pesar de que la derecha radical pueda compartir ciertas de las posiciones ultraderechistas arriba enumeradas y de que las fronteras entre el ultraderechismo y la derecha radical sean a menudo difusas, hay un punto que aparece como decisivo para los académicos alemanes: el inequívoco y abierto rechazo del orden constitucional y democrático. “Desde las instituciones y las ciencias sociales se utiliza el térmico 'radicalismo de derecha' por regla general para organizaciones o personas situadas claramente a la derecha del centro del espectro político, pero que se mantienen dentro del marco constitucional. Por lo general, el radicalismo de derecha no adopta posiciones hostiles frente al orden democrático”, razona Gabriele Nandlinger. 

Ese marco teórico, sin embargo, parece un tanto desactualizado cuando se aplica a las llamadas Nuevas Derechas alemanas o a partidos como Alternativa para Alemania (AfD) o el FPÖ austriaco, que, pese a mostrar un discurso público respetuoso con las instituciones y el orden constitucional, tienen claras relaciones con movimientos ultraderechistas y reciben el voto útil del neonazismo militante clásico, además de coquetear con posiciones que relativizan o minimizan los crímenes del nacionalsocialismo. 

Como ejemplos de esto último están las declaraciones del líder de AfD, Alexander Gauland, quien calificó el régimen nazi como “una cagada de pájaro en los 1.000 años de exitosa historia alemana”. En esa misma línea, el líder del ala etnonacionalista de AfD, Björn Höcke, describió el monumento a las víctimas del holocausto erigido en el centro de Berlín “como un monumento de la vergüenza” para Alemania. 

Pese a que esas constantes salidas de tono de figuras destacadas de AfD son posteriormente puntualizadas o disculpadas por el partido, cuesta no ver en esa estrategia de provocación sistemática y estratégica un intento de desestabilización de uno de los pactos tácitos acordados por los partidos democráticos alemanes tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial: el rechazo del uso del nacionalismo y de la relativización del nazismo como herramientas políticas y electorales. AfD rompe ese acuerdo y se convierte, consecuentemente, en un elemento desestabilizador del sistema político alemán nacido hace siete décadas, al tiempo que respeta las reglas formales del juego democrático e institucional. 

¿Y qué es VOX? 

VOX es la última formación que ha irrumpido electoralmente en la escena de partidos radicales de derecha o ultraderechistas del Viejo Continente. La pregunta es, de nuevo, inevitable: ¿qué adjetivo es el más adecuado para definir a la formación liderada por Santi Abascal?

Para Guillermo Fernández, sociólogo e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, VOX está, al menos de momento, más cerca de la derecha radical que del ultraderechismo: “En la medida en que participa en el juego democrático, pienso que VOX es derecha radical, identitaria y ultraconservadora. La mayoría de cuadros vienen del ala más radical del PP y de sectores integristas de la Iglesia Católica que, por ejemplo, quedaron muy defraudados por Rajoy cuando éste llegó al poder y no derogó automáticamente la Ley del Aborto, por poner un claro ejemplo. Para mi, sin embargo, decir que VOX es derecha radical en lugar de ultraderecha no le quita peligrosidad. Es un partido que proviene de una reconfiguración de la derecha más radical para tratar de dar la batalla cultural a la izquierda”.

A la hora de establecer una serie de comunes denominadores compartidos por los nuevos movimientos ultraderechistas o radicales de derecha, desde Trump hasta Bolsonaro pasando por AfD, FPÖ o VOX, el investigador de la Universidad Complutense enumera los siguientes elementos: ultraconservadurismo, concepto esencialista de la identidad nacional, discurso contra las élites o antiestablishment, antifeminismo y combate de la llamada “ideología de género”. 

Para Franco Delle Donne, doctor en Ciencia Política y especialista en comunicación política residente en Alemania, el debate léxico sobre el uso “ultraderecha” o “derecha radical” es, sin embargo, estéril: “A mi me tiene sin cuidado si esos partidos quieren o no respetar el régimen democrático o institucional, porque no respetan algo que me parece mucho más relevante: los valores de un consenso logrado con mucho trabajo en el que, por ejemplo, la mujer tiene que estar a la misma altura que el hombre. Y líderes como Bolsonaro declaran como una política de Estado combatir esa igualdad de género”. 

Preguntado por más elementos compartidos por Bolsonaro, VOX, AfD y otros movimientos ultras europeos, Delle Donne ofrece los siguientes: visión retrógrada de la identidad nacional, que mira al pasado para construir identidades compartidas para el futuro; la búsqueda constante de un chivo expiatorio o enemigo exterior, situado fuera esa comunidad anclada en valores tradicionales, que puede ser el inmigrante, el transexual, el refugiado, la izquierda o el musulmán; el desprecio por la clase política, por las élites o el establishment del que los medios de comunicación tradicionales también suelen formar parte; y, por último, la provocación constante y estratégica para romper lo políticamente correcto y ampliar el terreno del debate político más allá de los límites considerados como tolerables por los partidos predominantes hace tan sólo unos años y que ya están dejando de serlo. Este parece ser el nuevo campo de batalla en el que se disputarán las mayorías electorales en el futuro próximo.

Análisis publicado por El Confidencial.

Seguir a @andreujerez

“Mi cara polariza”: Merkel, en Chemnitz después de los disturbios ultras

“Reflexioné durante mucho tiempo sobre cuándo sería el mejor momento para venir a Chemnitz, porque, por una parte, sé que mi cara polariza y, por otra, quería visitar la ciudad sin que hubiera un ambiente crispado”. Estas fueron las primeras palabras que Angela Merkel pronunció este viernes frente a un auditorio compuesto por ciudadanos de la ciudad germanooriental elegidos por la dirección del diario local Freie Presse. 

Casi tres meses después de las protestas de corte ultraderechista a raíz del asesinato del ciudadano cubano-alemán Daniel H., presuntamente a manos de peticionarios de asilo, la canciller visitó finalmente la ciudad sajona. Reaccionaba así a las críticas de la alcaldesa de Chemnitz, la socialdemócrata Barbara Ludwig, quien dijo que la visita de la canciller debería haber llegado antes. Merkel quiso hacerse una idea de la situación de la localidad, considerada uno de los bastiones del ultraderechismo y del movimiento anti-Merkel, y hacer visible que Chemnitz es mucho más que las imágenes de disturbios ultras y pogromos xenófobos que dieron la vuelta al mundo a finales del pasado agosto. 

Con un cuidado y controlado programa, la canciller visitó a un equipo de baloncesto local y participó en un diálogo ciudadano organizado por Freie Presse al que sólo unos pocos representantes de la prensa pudieron acceder. Merkel evitó pisar las calles en las hace sólo unos meses grupos de ultraderechistas y neonazis gritaron eslóganes xenófobos, agredieron a extranjeros y mostraron músculo ultranacionalista. La todavía presidenta de la CDU, que se encuentra en el momento de mayor debilidad de toda su carrera política, se cuidó de dejar imágenes incómodas y de tensión con ciudadanos contrarios a su política migratoria y a su forma de gobernar.  

Choque de civilizaciones 

“¡Prensa mentirosa”, “¡Merkel debe irse!”, “¡Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el cambio!”, “¡Este es nuestro país!”. Mientras Merkel dialogaba con ciudadanos en el interior del acto, la plataforma ciudadana derechista Pro Chemnitz recibía a la canciller con los eslóganes que han protagonizado las marchas del movimiento islamófobo Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente) y del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) durante los últimos cuatro años. Alrededor de dos mil personas mostraron nuevamente en Chemnitz que ya sólo esperan una cosa de Merkel: su dimisión. 

Pro Chemnitz, que cuenta con una fracción propia de cuatro concejales en el ayuntamiento de la ciudad, lleva organizando semanalmente este tipo de marchas desde la ola de violencia desatada el pasado agosto. “Le decimos adiós. Tour de despedida de Angela Merkel” era el irónico lema de la concentración convocada este viernes por el movimiento ciudadano autoproclamado “conservador” y “patriota”, y que niega rotundamente ser ultraderechista. La plataforma ya celebra que Merkel haya anunciado que esta será su última legislatura en el poder, pero sigue exigiendo el fin de su política migratoria mientras siga en la cancillería. 

“No estamos en contra de la inmigración, sino en contra de una inmigración descontrolada y, sobre todo, en contra de la inmigración de hombres musulmanes menores de 40 años que no huyen de nada, sino que simplemente pretenden una vida mejor”, dice a Jahn Zoschke, jefe de prensa de Pro Chemnitz. Con un discurso muy bien argumentado, pausado y reflexionado, Zoschke lanza un mensaje meridianamente claro: el problema no son los extranjeros, sino el Islam. “Se trata de un lucha de culturas”, de un choque de civilizaciones, una teoría trazada por el politólogo estadounidense Samuel Huntington hace más de dos décadas y que ahora cosecha un considerable número de seguidores en las llamadas Nuevas Derechas alemanas. 

La marcha anti-Merkel de este viernes confirma que buena parte de los simpatizantes de plataformas ciudadanas como Pro Chemnitz o de los votantes del principal partido ultraderechista alemán, AfD (actualmente tercera fuerza del Bundestag), no son ni mucho menos militantes del neonazismo violento. Grupos de jóvenes, jubilados y familias enteras participaron en la marcha para gritar con todas sus fuerzas que ya no quieren más a Merkel. Que los participantes en la marcha no sean militantes de grupos neonazis o violentos no significa, sin embargo, que no defiendan posiciones abiertamente radicales o xenófobas. Basta con hablar con ellos para encontrar algunos ejemplos.

Thomas y Nico son una pareja de unos 40 años que ha recorrido unos 400 kilómetros desde Renania para mostrar su rechazo a Merkel. No están en Chemnitz sólo por su política migratoria, sino también por su política económica y por su “inacción” en la crisis financiera. “Tenemos la sensación de que Merkel hace tiempo que dejó de escuchar”, dice Thomas. “Aquí no hay ultraderechistas, aquí sólo hay patriotas”, añade. Merkel representa al establishment y ellos están cansados de que manden siempre los mismos. 

Rainer y Wienfried son dos jubilados residentes en Chemnitz. Ambos acceden a hablar con este periodista porque no trabaja para ningún medio alemán. La prensa, especialmente la nacional, sigue siendo uno de los principales enemigos de las Nuevas Derechas alemanas. Rainer enumera las tres razones que lo han traído hoy hasta aquí: la inmigración, la política energética y las sucesivas políticas del rescate dentro de la zona Euro impulsadas por el gobierno de Merkel. Los tres temas forman parte de la agenda fundamental de AfD. Para Rainer, todos los problemas actuales de Alemania proceden de “la ideología izquierdista” y del “neomarxismo”, cuyas raíces llegan hasta las revueltas de 1968 y siguen teniendo amplias cuotas de poder en el país. 

“El Islam no pertenece a Alemania. La inmigración procedente de Afganistán, un país que todavía vive en la Edad Media, nunca podrá integrarse”, asegura a este diario una manifestante de unos 60 años. Su marido añade: “Y luego vendrán los negros, que son muchísimo peores”. La pareja, elegantemente vestida, evita dar sus nombres de pila, ni siquiera quieren revelar dónde viven. Prefieren que sus argumentaciones, que rebasan ampliamente los márgenes de lo políticamente correcto en Alemania, queden en el anonimato. 

“¿Cuándo piensa usted dimitir?” 

Mientras afuera el ambiente se calentaba pese a las bajas temperaturas, dentro Merkel seguía respondiendo a las incómodas preguntas de los ciudadanos elegidos por el diario local. Muchas de las cuestiones iban dirigidas contra la política migratoria de su gobierno, que abrió la puerta del país a alrededor de un millón de refugiados sólo en 2015. Merkel reconoció errores y descontrol en la gestión de la llegada de peticionarios de asilo, pero volvió a rechazar la posición de los que fuera exigían su dimisión: “Yo siempre estoy preparada para hablar con quiera conversar conmigo. Lo triste es que hoy haya manifestaciones que no buscan el diálogo, sino hacer callar a otros”. 

Gabi Engelhardt y Bernhard Herrmann conocen de primera mano la intolerancia de una parte de los “ciudadanos preocupados” que protestan cada semana contra Merkel y su política de asilo. Gabi forma parte de la plataforma Aufstehen Gegen Rassismus (Levantarse Contra el Racismo) y Bernhard es concejal en el Ayuntamiento de Chemnitz por el partido ecoliberal de Los Verdes. Ambos son parte de la Alemania que se niega a aceptar que el Islam no pertenece a Europa y que los refugiados e inmigrantes musulmanes nunca podrán integrarse plenamente en el país. 

“Después de las manifestaciones de Pro Chemnitz ha habido agresiones y hemos visto saludos hitlerianos en sus marchas. Recientemente, hubo un ataque contra un restaurante turco. Todo eso tiene relación con la atmósfera racista propagada por la plataforma”, dice Gabi Engelhardt en una concentración contra el racismo organizada frente al enorme busto de Karl Marx que todavía se conserva en el centro de la ciudad tres décadas después de la caída de la autoritaria República Democrática Alemana. La activista reconoce que Chemnitz sigue siendo una ciudad dividida. Una división que incluso se proyecta dentro de las familias y los grupos de amigos. 

“A Chemnitz le va bien económicamente, hay poco desempleo. Sin embargo, hay una creciente brecha entre los barrios a los que les va bien y aquellos en los que se concentran los desempleados de larga duración”, explica el concejal verde Herrmann. “Además, en un lapso de dos años, Chemnitz ha pasado de ser un ciudad grande, pero provinciana, a una ciudad europea de corte internacional. Ese proceso de internacionalización ha sido especialmente rápido y tiene una relación directa con la llegada de refugiados”. 

La polarización de Chemnitz no deja de ser, en definitiva, una proyección de la Alemania de la que Angela Merkel ya ha comenzado a despedirse políticamente: tras 13 años en el poder, la canciller democristiana, un día considerada la mujer más poderosa del mundo, ya no es capaz de alcanzar amplías mayorías electorales que le permitan gobernar sin dificultades. Merkel genera rechazo y enfado entre importantes sectores de la población alemana. El fenómeno AfD y la consecuente inestabilidad política, que hasta hace bien poco era desconocida por el país más rico y poblado de la UE, son un reflejo de todo ello.

“Una última pregunta, señora Merkel, ¿cuándo piensa usted dimitir?”, interpeló a la canciller un participante del diálogo ciudadano. Fue la intervención más incómoda. El espíritu de la concentración ultra que gritaba eslóganes contra Merkel a las puertas del edificio se coló en la sala para sorpresa de los presentes. Mientras tanto, los “ciudadanos preocupados” no se cansaban de gritar en la fría noche de Chemnitz: “¡Vete ya!¡Vete ya!¡Vete ya!”.

Crónica publicada por El Confidencial.

Seguir a @andreujerez

La Alemania que quiere AfD: buzones para denunciar a profesores

Posicionamientos políticos parciales o sesgados, informaciones falsas en libros de texto, expresiones racistas o agresiones contra escolares alemanes por el simple hecho de ser alemanes, proselitismo en favor de partidos políticos o de cosmovisiones de culturas extranjeras como el Islam… 

Este el cuadro que Alternativa para Alemania (AfD) presenta del estado del sistema educativo público alemán. Unas malas prácticas que, según el partido ultraderechista, ponen en peligro la neutralidad ideológica en las escuelas del país. Los líderes ultras consideran que hay maestros que critican en las aulas y ante sus alumnos las posturas políticas que ellos defienden, lo que supone un ataque frontal a esa neutralidad. 

“En muchas escuelas, los maestros ya sólo divulgan o consienten un concepto rojo-verde del mundo”, dijo recientemente Georg Pazderski, vicepresidente de la facción berlinesa de AfD, haciendo referencia a los colores de los partidos de centroizquierda y ecologista de Alemania. Este es el tipo de argumentaciones que llevan a la joven formación ultraderechista a lanzar ahora plataformas digitales en (por el momento) cuatro Estados federados para denunciar esas presuntas malas prácticas. 

En AfD cunde la idea de que el sistema educativo alemán está controlado por antiguos militantes del movimiento del Mayo del 68. Que el espíritu izquierdista y revolucionario que sacudió las capitales europeas hace justo seis décadas sigue teniendo el poder del aparato educativo de Alemania es una opinión que líderes y militantes del partido ultraderechista han defendido reiteradamente en público. Un control que permite enseñar en las escuelas alemanas “las diferencias entre 80 géneros” y “una educación sexual prematura”, en palabras de Beatrix von Storch, integrante de la dirección de AfD, en entrevista con este reportero. 

El poder progresista 

“Yo nací en 1953. Por tanto, tenía 15 años en 1968 y era relativamente joven en aquella época. Pero puedo decir que los integrantes del Mayo del 68 han tenido mucha influencia en Alemania y, seguramente, siguen teniendo mucha influencia, demasiada para el gusto de AfD”, dice a El Confidencial Karin Wilke, parlamentaria del partido ultraderechista en Sajonia y portavoz para asuntos educativos del partido en ese estado federado. 

“Hay muchos padres y alumnos que ya no están dispuestos a aceptar el adoctrinamiento de algunos profesores en las escuelas alemanas”, según Wilke, quien asegura que ha recibido llamadas de ayuda prácticamente a diario de “ciudadanos preocupados” de Sajonia. Esto último no es en absoluto inverosímil en un Estado federado considerado un auténtico bastión de la fuerza ultraderechista. AfD fue, con más del 25 por ciento de los votos, el segundo partido más votado en el Estado germanooriental (sólo por detrás de los democristianos de la CDU de Angela Merkel) en las últimas elecciones federales de hace un año. 

Wilke considera intolerable que AfD sea presentado por profesores “como un partido que quiere volver el nacionalsocialismo” o que “los problemas que a menudo se producen con escolares musulmanes sean barridos bajo la alfombra”. Cuando se le pide pruebas concretas de todas estas acusaciones recogidas hasta ahora a través de la plataforma https://lehrersos.de (“Ayuda para profesores”), la diputada argumenta que no las puede ofrecer a periodistas debido la ley de protección de datos alemana. “Sólo utilizaremos la información recabada para nuestro trabajo parlamentario y para ofrecérsela a las autoridades educativas. Nunca las haremos públicas”, argumenta. 

Las principales asociaciones de profesores y maestros del país, así como el resto de partidos con presencia parlamentaria e incluso líderes de la iglesia evangélica alemana ya han reaccionado con críticas al “buzón de quejas” de AfD, tal y como han bautizado algunos legisladores ultraderechistas la iniciativa. La Asociación de Profesores de Enseñanza Media (VDR, en sus siglas en alemán) es una de las organizaciones que más alto han levantado su voz contra las plataformas digitales lanzadas por el tercer partido más votado en Alemania en las últimas elecciones federales. 

“Se trata de un sistema de denunciación y de un intento de instigar a los alumnos contra los profesores. Además, en mi opinión, contraviene la neutralidad que debería regir en una escuela. Estamos vehementemente en contra de esta iniciativa”, dice a El Confidencial Jürgen Böhm, presidente de la VDR y antiguo director de escuela. 

En Alemania no hay ninguna ley que obligue a los maestros de primaria y a los profesores de secundaria a mantener una neutralidad política ante sus alumnos, sino que existe un consenso expreso acordado en la década de los 70 que establece que no deben imponer su opinión, que deben abordar los temas de discusión de una manera equilibrada y que deben guiar a los escolares de forma que estos saquen sus propias conclusiones. “La mayoría de profesores son funcionarios, por lo que tienen que jurar la Constitución y están obligados respetarla. Y si aparecen tendencias radicales en las escuelas, deben hacer justo lo que manda su obligación constitucional; es decir, defender la democracia”, concluye Jürgen Böhm. 

Maestros en AfD 

Pese al rechazo de las principales asociaciones de maestros y de todos los partidos políticos con presencia parlamentaria, con excepción de AfD, los sucesivos resultados electorales del partido ultraderechista demuestran que la formación cuenta con una base social transversal. Ello permite deducir fácilmente que entre los votantes de AfD y los militantes de las llamadas Nuevas Derechas alemanas también hay maestros de primaria y profesores secundaria. 

Björn Höcke es probablemente el ejemplo más relevante de la presencia de representantes del ultraderechismo de nuevo cuño en el sistema educativo alemán: el actual líder de AfD en el estado de Turíngia y figura más relevante de la fracción etnonacionalista, la más radical del partido (rayana con el neonazismo), fue profesor de Historia y Deporte en secundaria antes de comenzar su carrera política. Entre sus muchas salidas de tono, destacan la reiterada relativización de los crímenes del nacionalsocialismo y el revisionismo histórico. “Los alemanes somos el único pueblo del mundo que ha erigido un monumento de la vergüenza en el corazón de su capital”, dijo Höcke a inicios del pasado año haciendo referencia al monumento a los judíos asesinados en el holocausto situado en el centro histórico de Berlín. 

La educación es una competencia descentralizada en Alemania y está en manos de los 16 Estados federados que conforman la República Federal. Teniendo en cuenta que Baviera acaba de votar, que el estado de Hesse acudió a las urnas el próximo domingo y que el país se enfrenta a un auténtico maratón electoral el próximo año, con 13 comicios regionales, es difícil no ver una estrategia comunicativa y propagandística en el lanzamiento de las plataformas por parte de AfD, más que un intento de combatir la presunta falta de neutralidad en las escuelas. 

Bajo la vieja estrategia de que hablen (bien o mal) de ti ya utilizada por el partido nazi en la década de los 30 del siglo pasado, el partido ultraderechista fundado en 2013 ha ido encadenando escándalos en el espacio público y conseguido así de manera prácticamente ininterrumpida la atención de los medios de comunicación, además de entrar holgadamente en el Bundestag así como en los 16 parlamentos regionales del país. 

Mientras la Conferencia de Ministros regionales de Cultura y Educación estudia iniciar posibles acciones legales contra las plataformas lanzadas por AfD, el partido sigue afianzándose en las encuestas de intención de voto: como apunta la media de las proyecciones más recientes, si hoy hubiese elecciones federales en Alemania, los ultras serían (nuevamente) el tercer partido más votado con alrededor del 16% de los votos, sólo por detrás de los democristianos de la CDU-CSU y Los Verdes. Los socialdemócratas del SPD, un partido históricamente anclado en la clase media alemana de la que los maestros y profesores forman parte, ya aparece por detrás de AfD.

Reportaje publicado por El Confidencial.

Seguir a @andreujerez

Desmontando el mito de las pensiones públicas de Alemania

Susanne Neumann trabajó más de treinta años como limpiadora de casas, edificios y oficinas. Hoy recibe 800 euros netos mensuales de pensión pública. Se trata de una pensión reducida por incapacidad laboral: enfermó de cáncer y tuvo que prejubilarse. Tras casi cuatro décadas de cotizaciones a la caja pública de pensiones, lo tendría realmente difícil para llegar a fin de mes con ese dinero. “Mi marido todavía trabaja y gana un buen sueldo”, confiesa. Susanne se siente una afortunada si mira a su entorno, porque su situación dista de ser excepcional en el país más rico y poblado de la Unión Europea. 

El 48% de todas las pensiones públicas alemanas están por debajo de los 800 euros mensuales, y el 62%, por debajo de los 1.000. En el caso de las mujeres, las pensiones menores a 800 euros alcanzan incluso el 64% de todas las jubiladas. Un ingreso menor a 969 euros al mes es considerado el umbral que da acceso a la pobreza para hogares unipersonales en Alemania. 

Todas estas son estadísticas oficiales del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales basadas en datos correspondientes al año 2016. El Gobierno federal se vio obligado a ofrecerlas a inicios del pasado julio tras recibir una pregunta parlamentaria de La Izquierda, uno de los partidos que conforman la oposición a la Gran Coalición gobernante (democristianos y socialdemócratas). 

Sabine Zimmermann, presidenta de la comisión parlamentaria para Familia, Personas Mayores, Mujeres y Juventud, fue la diputada que hizo la pregunta. La respuesta desmonta el mito sobre las pensiones públicas alemanas especialmente extendido en países del sur de Europa, en los que suele cundir la idea de que en Alemania no hay cultura de compra de una vivienda porque las pensiones públicas son un auténtico seguro contra la pobreza en la tercera edad. Hace tiempo que eso dejó de ser así.

“Lo cierto es que las estadísticas no me sorprendieron”, reconoce la diputada Zimmermann. “El Gobierno federal alemán asegura que en el país sólo hay un millón de personas en la tercera edad que dependen de la ayuda social básica, pero investigadores de la pobreza apuntan que hay casi tres millones de jubilados que podrían solicitar esa ayuda estatal por tener pensiones muy bajas”. 

La parlamentaria de La Izquierda se refiere a aquellos pensionistas que, avergonzados por la inesperada pobreza que sufren, prefieren no acudir el complemento de ayuda social básica estatal y se ven abocados a acudir a la caridad de los bancos alimentos o a recoger botellas retornables en las calles para obtener unos euros diarios que complementen sus insuficientes ingresos. Esta última es una imagen que se ha convertido en habitual en las grandes ciudades del país.

Continúa leyendo el reportaje en El Confidencial.

Seguir a @andreujerez

Los bancos de alimentos, el “sismógrafo” de la pobreza en Alemania

Karola nunca creyó que llegaría a la tercera edad en esta situación: a sus 70 años, hoy hurga en un contenedor de desechos orgánicos. Busca verduras o frutas que todavía sean comestibles. Esta jubilada alemana ya tiene la donación semanal que recibe todos los lunes en un banco de alimentos del distrito berlinés de Neukölln frente al que ahora revuelve en la basura; sin embargo, cuando viene aquí, intenta hacer el máximo acopio posible para llegar con mayor holgura a fin de mes. Karola recibe 600 euros mensuales de jubilación, complementados por algo más de 100 euros de subvención estatal. Una vez pagado su alquiler, que asciende a 500 euros, le quedan unos 200 para comer a diario. 

“Podría alimentarme con ese dinero, pero, y aunque me avergüenza, prefiero acudir a este banco de alimentos. Así puedo ahorrar algo para comprar cosas necesarias o hacer frente a gastos imprevistos”, dice la pensionista con las manos todavía manchadas por los desperdicios orgánicos. Karola, que trabajó toda su vida como vendedora de flores e incluso tuvo su propio negocio, es jubilada, pobre y forma parte del casi medio millón de pensionistas que acuden anualmente a los más de 900 bancos de alimentos repartidos por la geografía del país más rico de la Unión Europea. 

Según las datos oficiales de la federación de bancos de alimentos de Alemania, alrededor de millón y medio de personas se sirvieron en 2016 de las donaciones de comestibles de estas iniciativas privadas apoyadas por voluntarios que se encargan de recuperar alimentos que de otra forma acabarían desperdiciados. Esa cifra, que no se actualiza anualmente, es hoy muy probablemente mayor, aseguran desde la federación. Aunque la cantidad de personas en la tercera edad se ha doblado en los últimos años, la mayoría de los beneficiarios (53%) son ciudadanos en edad laboral, con o sin trabajo. La coordinadora de bancos de alimentos ha detectado, además, un repunte entre niños y jóvenes dependientes de la beneficencia. La (creciente) pobreza tiene muchas caras en Alemania.

Esas estadísticas llevaban mucho tiempo ahí, pero aterrizaron en los medios casi de rebote, de mano de una noticia que generó perplejidad: el pasado diciembre, la dirección de un banco de alimentos de la ciudad de Essen anunciaba que no aceptaría a más beneficiarios que no pudieran acreditar la nacionalidad alemana. Todos aquellos peticionarios de ayuda sin pasaporte alemán quedaban, por tanto, excluidos. “Debido a que, durante los últimos, años el porcentaje de conciudadanos extranjeros entre nuestros clientes ha crecido un 75% a causa del aumento de refugiados, nos vemos obligados a aceptar sólo a personas con un documento de identidad alemán para garantizar una integración racional”, apuntaba una breve nota en la web de la organización.

Pese a las numerosas críticas, la medida, vigente hasta finales de marzo, ha sido defendida a capa y espada por Jörg Sartor, director del banco de alimentos de Essen. Sartor asegura que la decisión no tiene trasfondo xenófobo alguno, y simplemente persigue una distribución más equilibrada de los alimentos así como la atención de las quejas de algunas jubiladas alemanas, que acusaron de mal comportamiento a beneficiarios de origen extranjero. Según datos facilitados por la federación de bancos de alimentos, el porcentaje de beneficiarios extranjeros asciende al 60% en todo el país, un porcentaje que alcanza el 80% en el Estado de Renania del Norte-Westfalia, en el que está Essen.

"Nueva cuestión social alemana"

El caso de Essen ha generado un debate público en Alemania, donde el aumento de la pobreza no sólo se nota en calles, sino que también se ha instalado en la agenda política. El presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, incluso citó el banco de alimentos de la discordia en su discurso durante el nombramiento del nuevo gobierno de Gran Coalición de la canciller Merkel: “La creciente polarización en la mayoría de sociedades europeas, pero también en la nuestra, salta a la vista. Una polarización que no sólo se refleja en el banco de alimentos de Essen, sino en todo el país”.

   

Y mientras Steinmeier llama la atención sobre la creciente desigualdad en el país más rico y poderoso de la UE, la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) no deja pasar la ocasión de aplaudir la decisión tomada por el banco de Essen. Destacadas figuras de AfD hace tiempo que hablan, no en vano, de la “nueva cuestión social alemana” y defienden que el mantenimiento del Estado de bienestar sólo es posible con una política de fronteras cerradas. En su modelo de país sólo hay sitio para los pobres autóctonos.

El caso de Essen no sólo genera debate en las altas instancias del Estado y en la clase política germana, sino también entre los mismos receptores de la beneficencia. Para comprobarlo, basta con visitar dos bancos de alimentos de Berlín situados en Wedding y Neukölln, dos distritos históricamente habitados por trabajadores y con un alto porcentaje de población de origen inmigrante. Entre los beneficiarios, alemanes o extranjeros, hay opiniones de todo tipo.

Conny tiene 53 años y está prejubilada por enfermedad. Recibe 768 euros mensuales de pensión. Trabajó de muchas cosas: en una fábrica, en el sector servicios, en un bar... Su salario fue por general bajo, con lo que también lo fueron sus contribuciones a la seguridad social. Conny tiene un hijo de 20 años, pero vive sola y se ve obligada a acudir al banco de alimentos de Neukölln para poder llegar a fin de mes. Carga con dureza contra la decisión tomada por el banco de Essen y también contra las políticas sociales de los sucesivos gobiernos alemanes de los últimos 15 años. El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) es el principal blanco de sus críticas, pues ha dejado de ofrecer una alternativa realmente social. “Pero parecen no darse cuenta”, dice.

Svetlana es una madre soltera de unos 40 años. Originaria de Kazajistán, lleva una década viviendo en Alemania. Esta es la segunda vez que viene a buscar comida a un banco de alimentos. Si se hubiese enterado antes, asegura, también habría venido antes. Svetlana tiene trabajo, pero lo que gana no le llega para pagar el alquiler (530 euros por un apartamento de una sola habitación), asumir todos los gastos derivados de la casa y además alimentar a su hija. Por eso, viene a buscar comida. Svetlana no entiende muy bien la decisión tomada por el banco de alimentos de Essen, así que prefiere no opinar.

Helga Nautojat es un jubilada de 63 años. Asegura que los alimentos que acaba de recoger no son para ella, sino para una amiga jubilada que está enferma y no puede salir de casa. Helga es viuda y cobra 1050 euros de pensión. Además, paga unos 800 euros de hipoteca. Por tanto, le quedan 250 para hacer frente al pago de luz, agua y el resto de eventuales costos. Reconoce que el dinero le llega muy justo para comer todos los días. No le parece bien la decisión del banco de Essen de excluir sólo a extranjeros: “Sencillamente, los podrían haber separado”.

Jubilados y madres solteras

Hay dos perfiles predominantes entre los beneficiarios del banco de alimentos de Neukölln: los jubilados y las madres solteras (desempleadas o trabajadoras). Así lo asegura su director, Karsten Böhn, quien reconoce que la cantidad de peticionarios de ayuda ha aumentado notablemente en los últimos años. “Este tipo de bancos son el auténtico sismógrafo de la magnitud de la pobreza en Alemania”, asegura, mientras decenas de personas desfilan frente a su despacho para hacer acopio de alimentos a cambio de un simbólico euro. Si la canciller Merkel le pidiera medidas concretas para combatir la pobreza y la desigualdad, le daría dos sin dudarlo ni un segundo: el aumento de salario mínimo actual de algo más de 8,84 euros la hora hasta, al menos, 11 (para combatir la llamada “pobreza trabajadora”) y el incremento de la ayuda de subsistencia o Hartz IV, que calcula algo más de 4 euros diarios para comida.

“En Alemania nadie tiene por qué pasar hambre”, zanja Siemen Dallmann, director del banco de alimentos del distrito de Wedding. “La gente viene aquí para poder dedicar el poco dinero que tiene a gastos que les sería imposible asumir si tuviese que invertirlo todo en comida. Y ese es precisamente el objetivo de estos bancos. El problema es que cada vez más gente a acude a nosotros y las donaciones de alimentos también comienzan a reducirse”. Y ahí parece estar precisamente la fuente de conflicto en algunos bancos como el de Essen, que la fuerza ultraderechista más exitosa de la historia de la República Federal no desaprovecha para intentar enfrentar a los pobres alemanes con los extranjeros.

Queda la sensación de que si AfD no fuese actualmente la tercera fuerza del Bundestag, en el que además a partir de ahora liderará la oposición parlamentaria a la nueva Gran Coalición, la decisión del banco de Essen y el consecuente debate nunca se habrían producido. “Un cosa está clara”, reflexiona Siemen Dallmann, “desde que AfD existe y está en el Bundestag, aquí y allá hay gente que se atreve a decir cosas que antes no habría dicho. Dudo que los representantes del banco de Essen sean simpatizantes de AfD. Pero, en general, sí es verdad que 15 años atrás, la gente que hoy vota a AfD ya existía y escondía sus opiniones. Hoy todo esas posiciones son mucho más públicas, porque incluso hay un partido en el Parlamento que defiende lo mismo abiertamente”.

Reportaje publicado por El Confidencial.

Seguir a @andreujerez

Paradoja alemana: el paro en mínimos mientras crece el número de gente sin casa

“860.000 personas no tienen casa en Alemania. La cifra ha crecido un 150% desde 2014”. 

Este titular, generado por un informe de la organización no gubernamental Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W), rebotó en numerosos medios dentro y fuera del país más rico de la Unión Europea a mediados del pasado mes de noviembre. La información volvía a lanzar sombras sobre un modelo económico que ha sido y sigue siendo referencia para muchos gobiernos y políticos del Viejo Continente. Unas sombras que se alargan cuando se observa cuál es la previsión de BAG W para el próximo año: en 2018, el número de los sin techo superará holgadamente el millón de personas en Alemania. Algo falla en la locomotora económica europea. 

La llamada crisis de refugiados arrancó oficialmente en el verano de 2015. Desde entonces, Alemania ha recibido alrededor de un millón de personas procedentes, sobre todo, de Oriente Próximo. Se hace por tanto muy tentador intentar explicar el aumento de personas sin vivienda con la llegada de miles de sirios, afganos e iraquíes. Sin embargo, y aunque los refugiados sean uno de los factores, la situación es bastante más compleja y tiene una indudable dimensión económica nacional. 

“La falta de una política de vivienda y del combate de la pobreza son la base estructural de la problemática”, asegura a El Confidencial Werena Rosenke, subdirectora de BAG W y coautora del informe. “Desde 1990 hasta hoy el número de vivienda social se ha reducido un 60%. Desde hace años, en muchos Estados federados no se construye ni una sola vivienda social bajo el argumento de que el mercado se regula a sí mismo”, asegura Rosenke, que apunta además la privatización de vivienda social todavía existente por parte de las autoridades federales y estatales. 

Las cifras hablan por sí solas: en 1990 había en Alemania casi tres millones de viviendas sociales. 2017 cerrará con poco más de un millón. Y la tendencia va claramente a la baja. 

De los 858.000 personas sin una vivienda estimadas por el informe de BAG W, casi la mitad (422.000) eran ciudadanos residentes en Alemania sin relación alguna con la ola de refugiados. La cifra de personas sin casa ascendía en 2006 a 248.000. Si obviamos a los refugiados que siguen sin tener un techo propio, el número de personas que no puede permitirse una vivienda se ha doblado, por tanto, durante la última década en Alemania. La figura del trabajador pobre juega un papel fundamental en ese avance. 

“En Alemania tenemos el sector de salarios bajos más grande de toda Europa. Hay una cifra de gente que no se debe subestimar con condiciones laborales precarias, que necesitan dos empleos para llegar a fin de mes o incluso pedir ayuda a social al Estado a pesar de estar trabajando”, asegura Werena Rosenke. “Como ya han demostrado muchos otros informes, la tasa de desempleo no es decisiva para el aumento o descenso de personas sin casa, sino cuál es la disponibilidad de viviendas a precio asequible”. 

Alemania se ha convertido en un país de paradojas socioeconómicas: su tasa de desempleo es la más baja desde 1991; mientras, la cifra de personas que no pueden permitirse una vivienda es la más alta desde la reunificación. 

Burbuja inmobiliaria urbana 

Al fenómeno del trabajador pobre hay que sumarle la evidente burbuja inmobiliaria que, alimentada por los actuales bajos tipos de interés, la inversión de capital extranjero y el avance del mercado de compra en detrimento del de alquiler, se ha formado en los principales núcleos urbanos del país. El precio de la vivienda aumenta ininterrumpidamente desde 2010, especialmente en ciudades como Múnich, Colonia, Hamburgo o Berlín. 

Carsten Krull es trabajador social en la capital alemana desde hace tres décadas. Lo ha visto prácticamente todo. Hoy dirige un centro diurno de acogida y asesoramiento para personas sin techo en el barrio occidental de Moabit. Por aquí pasa todo tipo de gente: desde alcohólicos vagabundos hasta trabajadores alemanes y extranjeros que, pese a contar con un empleo y un salario, no encuentran una vivienda que puedan pagar. 

Moabit es un claro ejemplo del desarrollo que ha experimentado el mercado inmobiliario en la capital alemana: hace una década, era un barrio con problemas estructurales, tráfico de drogas y considerado inseguro; hoy apunta a convertirse en la siguiente víctima de los procesos de gentrificación y especulación urbanística que están convirtiendo la vivienda en un bien escaso y, por consiguiente, extremadamente valioso en la capital alemana. 

“En Berlín, personas con un salario bajo apenas tiene la posibilidad de encontrar un apartamento. Y esa es una realidad que cada vez se extiende más”, explica Carsten Krull a El Confidencial. “Esta zona en la que tenemos nuestro centro era antes un lugar donde nadie quería vivir. Los cárteles de 'Se alquila' se quedaban durante años colgados en las ventanas. Entretanto, aquí ya se está mudando la clase media-alta. Si alguno de nuestro asesorados intenta alquilar un apartamento en esta zona, lo tendrá prácticamente imposible”. 

Si se le pregunta sobre los porqués del incremento del número de personas sin casa apuntado por el informe de BAG W, el trabajador social contesta que hay que diferenciar entre las personas sin techo que viven en la calle y aquellos ciudadanos con bajos ingresos (también conocidos como “trabajadores pobres) y dependientes de ayudas sociales. 

El primer grupo, marcado generalmente por el consumo de alcohol, drogas y también por las enfermedades mentales, tiene poco que ver con el desarrollo del modelo económico de Alemania durante el último cuarto de siglo. Ya estaban allí antes de 1990. La evolución del segundo grupo, sin embargo, sí presenta una relación directa con la neoliberalización de la locomotora económica europea. Haciendo repaso del perfil de personas a las que ha atendido durante los últimos años, Carsten Krull no tiene dudas: “La pobreza cada vez se amplía más en Alemania”. 

Sin estadísticas oficiales 

Pese a la creciente problemática, llama la atención que el Gobierno federal alemán no cuente con estadísticas oficiales sobre gente sin casa. Sólo un par de Estados federados confecciona un informe anual y de alcance regional. Tanto a Werena Rosenke como Carsten Krull les cuesta no ver una intencionalidad política en esa ausencia de cifras estatales. Los problemas que no están en la agenda, en definitiva, no existen para el electorado. 

Elfriede Brüning, directora del Centro para Personas Afectadas por la Escasez de Vivienda de Berlín, cree, no obstante, que la inexistencia oficial de estadísticas responde simple y llanamente a que la cifra de personas sin casa no interesa absolutamente a nadie en el mundo de la política. “Por eso le estoy agradecida a las miles de personas refugiadas que, gracias a su llegada a Alemania, llamaron la atención sobre la problemática”, dice a El Confidencial la trabajadora social. 

Brüning se refiere a la contribución estadística del alrededor de medio millón de refugiados llegados al país desde 2015 que hoy siguen sin techo. Sin ellos, el titular que abre este artículo no habría sido posible en 2017, y el impacto de la creciente realidad de personas sin casa en el espacio público, muy probablemente inexistente. 

Contra lo que se pueda pensar, la mayoría de personas que busca ayuda en el Centro para Personas Afectadas por la Escasez de Vivienda dirigido por Elfriede Brüning no responde a la imagen de vagabundos víctimas del alcoholismo y las drogas; la mayoría de los afectados asesorados por el centro son ciudadanos alemanes que vive temporalmente en casa de familiares o amigos ante la imposibilidad de encontrar una vivienda. En 2016, más de un 11% de los asesorados contaba incluso con un empleo. 

Luego está el grupo de “los sin techo invisibles”; es decir, personas que a primer golpe de vista parecen ciudadanos socialmente integrados, pero que en realidad no cuentan con una vivienda propia y peregrinan durante meses o incluso años entre sofás de amigos, centros de acogida e incluso la calle. 

Elfriede Brüning no tiene dudas: la cifra de personas trabajadoras, asalariadas e integradas socialmente que se ven afectadas por la falta de vivienda no ha hecho más que aumentar durante los últimos años en Alemania. Elfriede tampoco duda ni un momento en señalar la relación entre el modelo económico del país más rico de la UE y el creciente número de personas sin techo: “Siempre que hablamos con el Senado de Berlín [Gobierno regional de la ciudad Estado] sobre la necesidad de intervenir para que personas con poco dinero pudieran acceder a una vivienda, la respuesta era que el mercado se ocuparía de ello. El mercado, efectivamente, se ocupó y ahora tenemos una inmensa cifra de personas sin vivienda. Un día fuimos una economía social de mercado. El carácter social se quedó por el camino. Hoy sólo somos una simple economía de mercado”.

Reportaje publicado en El Confidencial.

Seguir a @andreujerez

Götz Kubitschek: el 'cerebro' de la revolución ultra alemana

“El nacionalsocialismo, más concretamente Auschwitz, se ha convertido en el último mito de un mundo racionalizado al cien por cien. Un mito es una verdad que está más allá de discusión. No necesita justificarse, bien al contrario: el solo atisbo de la duda, presente en la relativización, significa un serio asalto contra el tabú que lo protege. ¿Acaso no se ha amenazado con castigar la 'mentira de Auschwitz' como una especie de blasfemia?” 

Este es uno de los párrafos de Finis Germania, el libro póstumo que el historiador e intelectual alemán Rolf Peter Sieferle dejó escrito antes de suicidarse en septiembre de 2016. Se trata de un breve ensayo de apenas 100 páginas que, como su propio título indica, advierte del ocaso de Alemania como nación. Las razones que ofrece Sieferle en su disertación coinciden con los argumentos ofrecidos por las llamadas Nuevas Derechas alemanas: la migración masiva, los refugiados, la falta de patriotismo, el avance de la multicultaridad en detrimento de la población autóctona y los valores tradicionales alemanes, el presunto antigermanismo, generado por la cultura de la constante revisión de la historia reciente de un país marcado por el nacionalsocialismo y el holocausto, acabarán irremediablemente con Alemania, con su historia, con su cultura. 

“La responsabilidad de los judíos en la crucifixión del mesías no fue reconocida por ellos. Los alemanes, que reconocen su responsabilidad sin piedad, tienen sin embargo que desaparecer de la historia, convertirse en un perpetuo mito para expiar su culpa”, escribe Sieferle en otro párrafo en el que deja meridianamente claro su mensaje: la relativización de los crímenes nacionalsocialistas y el revisionismo histórico marcan un libro que incluso recibió alabanzas por parte de articulistas de la prensa conservadora española. 

El libro de Sieferle habría sido una simple anécdota, un inadvertido giro ultraderechista de un intelectual alemán durante sus últimos días de vida, si Finis Germania no se hubiera colado de lleno y durante varias semanas de este año en la lista de los títulos más vendidos de la plataforma Amazon en Alemania después de que un crítico literario del referencial semanario Der Spiegel lo incluyese en las recomendaciones editoriales de la publicación. El director de la revista decidió finalmente sacarlo de esa lista y reprender públicamente al articulista. Pero la polémica estaba servida en un país en el que revisionismo histórico quedó excluido del consenso político a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial y desde la misma fundación de la República Federal de Alemania en 1949. Eso parece estar cambiando. 

Götz Kubitschek no duda en calificar el escándalo generado por la obra de Sieferle como todo un éxito de la editorial Antaios, que él mismo dirige desde Schnellroda, un pequeño pueblo situado en el Estado germanooriental de Sajonia-Anhalt. Kubitschek es la gran referencia intelectual de las llamadas Nuevas Derechas alemanas, que tienen al movimiento islamófobo Pegida y al partido Alternativa para Alemania como principales arietes de una relativamente exitosa revolución hipernacionalista e ultraconservadora tras décadas de intentos infructuosos en un país que parecía vacunado contra aventuras ultraderechistas. 

A la pregunta de si la nueva intelectualidad de las llamadas Nuevas Derechas está en disposición de pelear por la hegemonía cultural (y política) de Alemania, Kubitschek responde a este periodista: “Por supuesto. Fíjense en el reciente escándalo generado por el 'caso Sieferle': la reacción del establishment es patética, histérica, de pánico y clínica. Ello me demuestra cuán exitosamente podemos provocar”. El escándalo generado es, en su opinión, la prueba de que el consenso de postguerra alemán muestra grietas. Pegida, AfD y el propio 'caso Sieferle' son sólo síntomas de ello.

¿Quién es Kubitschek? 

La pregunta sobre la biografía de Kubitschek se hace inevitable. Nacido en 1970 en el sur de Alemania, este teniente del ejército alemán en la reserva estudió germanística, geografía y filosofía en Hanóver y Heidelberg. En la década de los noventa fue redactor del semanario Junge Freiheit, referencial en las Nuevas Derechas y considerado actualmente la publicación orgánica de AfD. En el año 2000 funda la editorial Antaios, a partir de la cual comienza a construir un polo intelectual ultraderechista del que hoy forman parte la publicación Sezession o el think tank Institut für Staatspolitik (IfS). Kubitschek es muy cercano a los líderes del ala etnonacionalista de Alternativa para Alemania Björn Höcke y André Poggenburg. 

Kubitschek también tiene conexiones con la plataforma civil Ein Prozent, cuyo objetivo es movilizar al uno por ciento de la población alemana contra la política migratoria de Gobierno de Angela Merkel, así como con el Movimiento Identitario, grupo juvenil que este verano fletó un barco para frenar la migración en el Mediterráneo en un intento de “defender Europa”. 

Para Kubitschek, el objetivo de este polo intelectual ultraderechista es claro: “Las Nuevas Derechas son un cuestionamiento fundamental de la hegemonía cultural de la izquierda”, declara. Esta revolución neoconservadora e hipernacionalista asume curiosamente una premisa teórica acuñada por el intelectual marxista italiano Antonio Gramsci: sólo desde la hegemonía cultural se pueden alcanzar mayorías sociales y políticas. 

Entre otros conceptos, Kubitschek defiende el “etnopluralismo”, que intenta recuperar el patriotismo alemán apartándose de los clásicos postulados nazis que defienden la superioridad racial aria: “Este concepto se basa en el convencimiento de que la diversidad del mundo se fundamenta en la diversidad de sus pueblos y de que no puede haber superioridad de unos pueblos sobre otros, sino más bien una igualdad de derechos y un aprecio fundamental, siempre y cuando los pueblos defiendan y desarrollen su cultura, permanezcan en sus espacios y respeten a sus vecinos”, contesta Kubitschek en un cuidado y elegante alemán. “Al fin y al cabo, el etnopluralismo es un concepto defensivo, un concepto humilde y moderado para un pueblo y un continente que están envejeciendo. Los pueblos jóvenes, dinámicos y expansivos no se comportan de forma etnopluralista, y Europa obviamente tampoco se comportó de manera etnopluralista en su fase de superioridad y expansión”.

AfD como última oportunidad 

El tiempo se agota para Alemania. Es el profundo convencimiento de los integrantes de las Nuevas Derechas, especialmente de aquellos que rechazan el concepto moderno de ciudadanía y defienden en su lugar la pertenencia a una nación por derecho sanguíneo. El partido AfD es visto de alguna manera por Kubitschek y otras figuras destacadas de las Nuevas Derechas como la última oportunidad para frenar el ocaso de Alemania y preservar el pueblo alemán, precisamente el mensaje que trajo consigo la obra de Sieferle Finis Germania. AfD supone para ellos un cambio de paradigma en el tablero político alemán. “AfD es la prueba político-partidaria de ese cambio de paradigma, no el inicio del mismo”, asegura Kubitschek. “AfD tiene ante sí un camino duro, tiene que sostenerse en la industria política y comportarse como un partido. Y efectivamente, se nos hace tarde. Si AfD fracasase, no sería posible hacer mucho más a través de vías político-partidarias”. 

Es especialmente llamativo que en un país como Alemania, cuyos indicadores macroeconómicos apuntan a una buena salud estructutal, un partido ultraderechista como AfD esté luchando por convertirse en la tercera fuerza del arco parlamentario. Así lo apuntan las encuestas de intención de voto. De no haber sorpresas de última hora, el Bundestag contará a partir del próximo 24 de septiembre, fecha de las elecciones federales, con una bancada ultraderechista en sus entrañas, algo inédito en la historia reciente del país. Un fenómeno al que ha contribuido, sin lugar a dudas, la lucha por la hegemonía cultural protagonizada durante la última década por Kubitschek y los suyos. 

Un reciente informe de la fundación Hans-Böckler, dependiente de la principal central sindical de Alemania, indica los motivos que llevarán previsiblemente a un par de millones de alemanes a votar por AfD en las próximas elecciones federales: la mayoría de votantes del partido ultra, perteneciente a la clase media del país, asegura contar con una buena situación económica; sin embargo, comparten un común denominador: tienen miedo al futuro, son pesimistas militantes. Si Alemania continúa por la senda actual, creen, el país se precipitará irremediablemente al precipicio, a la Finis Germania.

Para responder a la pregunta de hasta qué punto el pueblo alemán está realmente en peligro, Götz Kubitschek recupera un cita del siglo pasado del intelectual ultraconservador alemán Carl Schmitt: “El hecho de que un pueblo no tenga la fuerza o la voluntad de mantenerse en la esfera de los político no significa que la política desaparezca del mundo. Sólo desaparece un pueblo débil”. Un párrafo que contextualiza el actual miedo reinante en un segmento nada despreciable del electorado alemán.

Reportaje publicado en El Confidencial.

Seguir a @andreujerez