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| Votando en furgoneta frente a la embajada española en Berlín. © Andreu Jerez |
La imagen que abre este artículo ilustra a la perfección la tierra de nadie en la que se mueve desde hace años el personal laboral del servicio exterior español: trabajadores de la embajada de España en Berlín eligen a sus representantes para el establecimiento de un comité de empresa en una furgoneta frente al edificio diplomático. No es una situación que los empleados hayan elegido. El embajador prohibió expresamente la votación dentro del recinto diplomático, lo que les obligó a organizar el voto en esta “cabina electoral móvil” con ayuda del sindicato alemán Ver.di.
Tras años de indecisión, los alrededor de 60 integrantes del personal laboral, el más numeroso de la principal representación diplomática española en Alemania, ha decidido acabar con la falta de representación sindical. O al menos intentarlo. El objetivo es establecer un marco de negociación colectiva con la embajada y, por tanto, con el Ministerio de Exteriores español, su empleador último.
Pese a la negativa de la embajada a que la votación se celebre dentro del recinto, los trabajadores se amparan en el derecho laboral alemán, al cual están sometidos sus contratos de trabajo.
El mensaje del sindicato Ver.di es claro: los contratos firmados por el personal laboral de la embajada establecen expresamente que es la ley alemana la que se aplica en caso de conflicto. Hay incluso varias sentencias de tribunales alemanes que así lo establecieron en casos precedentes similares. Con todo, y según denuncia Ver.di, la embajada no sólo se niega a aplicar el derecho laboral español, sino también el alemán, lo que deja a los trabajadores en un limbo legal a la hora de intentar establecer un marco de negociación colectiva.
“En todas las embajadas en Alemania se aplica el derecho laboral alemán; ello también vale para la ley de régimen de empresa, que establece que a partir de cinco trabajadores, estos pueden elegir un comité”, explica a El Confidencial Andreas Kuhn, secretario sindical de Ver.di en Berlín y Brandeburgo. Kuhn especifica que el derecho a elegir a un comité de empresa está tan protegido por la correspondiente ley alemana, que en caso de que el empleador intente impedirlo, se expone a sanciones. “El embajador debería repensarse su posición antes de que Ver.di inicie un procedimiento legal por el impedimento de la votación”, advertía Kuhn antes de la votación este jueves.
“No hay ninguna norma alemana que diga que aquí haya que elegir un comité de empresa con sindicatos alemanes. Las elecciones de representantes sindicales están clarísimas, reconocidas en la Constitución y en la legislación europea”, responde a El Confidencial Ricardo Martínez Vázquez, embajador de España en Alemania. “Pero Ver.di está confundiendo una cosa: en Alemania, los sindicatos alemanes ponen en marcha las elecciones para representantes sindicales en todas las empresas, incluidas las españolas. Hay una sola excepción: todas las embajadas. Los representantes sindicales de las embajadas se rigen por la ley nacional, porque, como será sencillo de comprender, a la Embajada española en Berlín no entra la policía alemana ni los sindicatos alemanes. Aquí las elecciones sindicales se hacen con los sindicatos españoles”.
Tras acogerse a la soberanía nacional para defender el rechazo de la votación, el embajador añade que las negociaciones para la celebración de una elección de comité de empresa para el personal laboral exterior están paradas debido al adelanto electoral y que hay un liberado sindical en Madrid que no está haciendo su trabajo. Desde el colectivo de trabajadores responden, sin embargo, que llevan años esperando a que se establezca ese espacio legal de negociación colectiva, sin resultado alguno.
Preguntado sobre el hecho de que los contratos del personal laboral estén sometidos expresamente a la ley laboral alemana, el embajador Martínez responde: “A los contratos laborales se les aplica, como establecen los acuerdos bilaterales con Alemania, la legislación laboral sobre higiene y seguridad en el trabajo, sobre el despido o incluso si hay que ir a un juicio laboral. Pero no en el ejercicio de los derechos políticos, que son sagrados de la soberanía española. Ver.di está rompiendo la ley metiéndose en algo que no le compete. ¿Me pregunto si se atreverían a hacer lo mismo con los franceses o con los americanos?”.
Trasfondo de la escalada
El personal del servicio exterior español se divide en tres grupos: el personal diplomático, los funcionarios destinados a destinos extranjeros y el personal laboral con contratos de empleados públicos. Los dos primeros cuentan con condiciones extraordinarias, como, por ejemplo, la liberación fiscal, mientras que los segundos se quejan de unas condiciones salariales y laborales cada vez más precarias, con el agravante de que la tierra de nadie en la que se encuentra, sin representación sindical, les impide negociar convenios colectivos que mejoren su situación. Integrantes de ese personal laboral temen incluso represalias en caso de hacer públicos sus casos y de seguir presionando para el establecimiento de un marco de negociación colectiva. Por eso prefieren mantener el anonimato.
La gota que ha colmado el vaso, y que los ha llevado a forzar la elección de un comité de empresa, es la amenaza de quedar fuera la Seguridad Social española, a la que siguen cotizando pese a que sus contratos dicen que están acogidos al derecho laboral alemán. Como recuerda la embajada en un comunicado emitido el miércoles de esta semana y en respuesta a una nota de prensa del sindicato Ver.di, el Reglamento 883/2004 aprobado por el Parlamento y el Consejo Europeos en abril de 2004 “exige que las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia o ajena en un Estado miembro, estén sujetas a la legislación en materia de Seguridad Social del mismo, pues el objetivo de la norma es que quien obtiene los beneficios de la cobertura social de un determinado Estado, cotice en ese mismo Estado, en este caso en Alemania”.
Esta medida, que se deberá consumar como muy tarde hasta mayo del año próximo, supondrá una pérdida de poder adquisitivo de entre un 15 y un 17%, según cálculos sindicales, ya que las cotizaciones en Alemania son considerablemente más altas en Alemania que en España. Ello, sumado a una congelación salarial acumulada durante 12 años denunciada por los trabajadores, ha hecho que la situación escale y que el personal laboral de la embajada en Berlín decida acogerse al derecho a negociar un convenio colectivo con estándares alemanes a través de un sindicato alemán y de su correspondiente comité de empresa. Quieren así acabar con una situación que consideran absurda: que sus contratos estén sujetos a la legislación laboral alemana y que estén obligados por ley a cotizar en el sistema social alemán, y que, al mismo tiempo, la embajada y el Ministerio de Exteriores sólo consideren interlocutores válidos a los sindicatos españoles.
Terreno legal desconocido
Andreas Kuhn, del sindicato Ver.di, reconoce que hasta ahora no ha habido ningún caso similar en ninguna otra embajada en Alemania, con lo que se está pisando territorio legal desconocido. Ver.di insiste en que la embajada está obligada a reconocer como interlocutores a los representantes salidos de la elección de este jueves, y también a correr con los gastos de la elección, de su actividad sindical así como a cederles un espacio dentro de la embajada. Estas serán las primeras demandas del nuevo comité de empresa.
La respuesta del embajador no parece dejar lugar a dudas sobre cuál será su posición, con referencia indirecta a la cuestión catalana incluida: “Yo no puedo incumplir la ley española y espero que los alemanes respeten la ley alemana y también la española. Porque como empecemos todos a jugar a que nos salirnos de la ley… bastantes problemas estamos teniendo en España con gente que no cumple con la ley para que creemos más problemas de estos. Hay que respetar la ley, y si no nos gusta, hay que cambiarla por la vía democrática. Pero lo que no se puede hacer es convocar unilateralmente cosas que son claramente ilegales”.
Si nada cambia, todo apunta que el caso acabará en los tribunales alemanes y quién sabe si podría generar un precedente legal que establezca más claramente los límites de la inmunidad de las representaciones diplomáticas dentro de los Estados miembro de la Unión Europea.
Reportaje publicado en El Confidencial.
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