Votando en furgo: así lucha el personal de la embajada contra su limbo legal

Votando en furgoneta frente a la embajada española en Berlín. © Andreu Jerez

La imagen que abre este artículo ilustra a la perfección la tierra de nadie en la que se mueve desde hace años el personal laboral del servicio exterior español: trabajadores de la embajada de España en Berlín eligen a sus representantes para el establecimiento de un comité de empresa en una furgoneta frente al edificio diplomático. No es una situación que los empleados hayan elegido. El embajador prohibió expresamente la votación dentro del recinto diplomático, lo que les obligó a organizar el voto en esta “cabina electoral móvil” con ayuda del sindicato alemán Ver.di. 

Tras años de indecisión, los alrededor de 60 integrantes del personal laboral, el más numeroso de la principal representación diplomática española en Alemania, ha decidido acabar con la falta de representación sindical. O al menos intentarlo. El objetivo es establecer un marco de negociación colectiva con la embajada y, por tanto, con el Ministerio de Exteriores español, su empleador último.

Pese a la negativa de la embajada a que la votación se celebre dentro del recinto, los trabajadores se amparan en el derecho laboral alemán, al cual están sometidos sus contratos de trabajo. El mensaje del sindicato Ver.di es claro: los contratos firmados por el personal laboral de la embajada establecen expresamente que es la ley alemana la que se aplica en caso de conflicto. Hay incluso varias sentencias de tribunales alemanes que así lo establecieron en casos precedentes similares. Con todo, y según denuncia Ver.di, la embajada no sólo se niega a aplicar el derecho laboral español, sino también el alemán, lo que deja a los trabajadores en un limbo legal a la hora de intentar establecer un marco de negociación colectiva. 

“En todas las embajadas en Alemania se aplica el derecho laboral alemán; ello también vale para la ley de régimen de empresa, que establece que a partir de cinco trabajadores, estos pueden elegir un comité”, explica a El Confidencial Andreas Kuhn, secretario sindical de Ver.di en Berlín y Brandeburgo. Kuhn especifica que el derecho a elegir a un comité de empresa está tan protegido por la correspondiente ley alemana, que en caso de que el empleador intente impedirlo, se expone a sanciones. “El embajador debería repensarse su posición antes de que Ver.di inicie un procedimiento legal por el impedimento de la votación”, advertía Kuhn antes de la votación este jueves. 

“No hay ninguna norma alemana que diga que aquí haya que elegir un comité de empresa con sindicatos alemanes. Las elecciones de representantes sindicales están clarísimas, reconocidas en la Constitución y en la legislación europea”, responde a El Confidencial Ricardo Martínez Vázquez, embajador de España en Alemania. “Pero Ver.di está confundiendo una cosa: en Alemania, los sindicatos alemanes ponen en marcha las elecciones para representantes sindicales en todas las empresas, incluidas las españolas. Hay una sola excepción: todas las embajadas. Los representantes sindicales de las embajadas se rigen por la ley nacional, porque, como será sencillo de comprender, a la Embajada española en Berlín no entra la policía alemana ni los sindicatos alemanes. Aquí las elecciones sindicales se hacen con los sindicatos españoles”. 

Tras acogerse a la soberanía nacional para defender el rechazo de la votación, el embajador añade que las negociaciones para la celebración de una elección de comité de empresa para el personal laboral exterior están paradas debido al adelanto electoral y que hay un liberado sindical en Madrid que no está haciendo su trabajo. Desde el colectivo de trabajadores responden, sin embargo, que llevan años esperando a que se establezca ese espacio legal de negociación colectiva, sin resultado alguno.

Preguntado sobre el hecho de que los contratos del personal laboral estén sometidos expresamente a la ley laboral alemana, el embajador Martínez responde: “A los contratos laborales se les aplica, como establecen los acuerdos bilaterales con Alemania, la legislación laboral sobre higiene y seguridad en el trabajo, sobre el despido o incluso si hay que ir a un juicio laboral. Pero no en el ejercicio de los derechos políticos, que son sagrados de la soberanía española. Ver.di está rompiendo la ley metiéndose en algo que no le compete. ¿Me pregunto si se atreverían a hacer lo mismo con los franceses o con los americanos?”. 

Trasfondo de la escalada 

El personal del servicio exterior español se divide en tres grupos: el personal diplomático, los funcionarios destinados a destinos extranjeros y el personal laboral con contratos de empleados públicos. Los dos primeros cuentan con condiciones extraordinarias, como, por ejemplo, la liberación fiscal, mientras que los segundos se quejan de unas condiciones salariales y laborales cada vez más precarias, con el agravante de que la tierra de nadie en la que se encuentra, sin representación sindical, les impide negociar convenios colectivos que mejoren su situación. Integrantes de ese personal laboral temen incluso represalias en caso de hacer públicos sus casos y de seguir presionando para el establecimiento de un marco de negociación colectiva. Por eso prefieren mantener el anonimato. 

La gota que ha colmado el vaso, y que los ha llevado a forzar la elección de un comité de empresa, es la amenaza de quedar fuera la Seguridad Social española, a la que siguen cotizando pese a que sus contratos dicen que están acogidos al derecho laboral alemán. Como recuerda la embajada en un comunicado emitido el miércoles de esta semana y en respuesta a una nota de prensa del sindicato Ver.di, el Reglamento 883/2004 aprobado por el Parlamento y el Consejo Europeos en abril de 2004 “exige que las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia o ajena en un Estado miembro, estén sujetas a la legislación en materia de Seguridad Social del mismo, pues el objetivo de la norma es que quien obtiene los beneficios de la cobertura social de un determinado Estado, cotice en ese mismo Estado, en este caso en Alemania”. 

Esta medida, que se deberá consumar como muy tarde hasta mayo del año próximo, supondrá una pérdida de poder adquisitivo de entre un 15 y un 17%, según cálculos sindicales, ya que las cotizaciones en Alemania son considerablemente más altas en Alemania que en España. Ello, sumado a una congelación salarial acumulada durante 12 años denunciada por los trabajadores, ha hecho que la situación escale y que el personal laboral de la embajada en Berlín decida acogerse al derecho a negociar un convenio colectivo con estándares alemanes a través de un sindicato alemán y de su correspondiente comité de empresa. Quieren así acabar con una situación que consideran absurda: que sus contratos estén sujetos a la legislación laboral alemana y que estén obligados por ley a cotizar en el sistema social alemán, y que, al mismo tiempo, la embajada y el Ministerio de Exteriores sólo consideren interlocutores válidos a los sindicatos españoles. 

Terreno legal desconocido 

Andreas Kuhn, del sindicato Ver.di, reconoce que hasta ahora no ha habido ningún caso similar en ninguna otra embajada en Alemania, con lo que se está pisando territorio legal desconocido. Ver.di insiste en que la embajada está obligada a reconocer como interlocutores a los representantes salidos de la elección de este jueves, y también a correr con los gastos de la elección, de su actividad sindical así como a cederles un espacio dentro de la embajada. Estas serán las primeras demandas del nuevo comité de empresa. 

La respuesta del embajador no parece dejar lugar a dudas sobre cuál será su posición, con referencia indirecta a la cuestión catalana incluida: “Yo no puedo incumplir la ley española y espero que los alemanes respeten la ley alemana y también la española. Porque como empecemos todos a jugar a que nos salirnos de la ley… bastantes problemas estamos teniendo en España con gente que no cumple con la ley para que creemos más problemas de estos. Hay que respetar la ley, y si no nos gusta, hay que cambiarla por la vía democrática. Pero lo que no se puede hacer es convocar unilateralmente cosas que son claramente ilegales”. 

Si nada cambia, todo apunta que el caso acabará en los tribunales alemanes y quién sabe si podría generar un precedente legal que establezca más claramente los límites de la inmunidad de las representaciones diplomáticas dentro de los Estados miembro de la Unión Europea.

Reportaje publicado en El Confidencial.

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¿Qué significa ser de ultraderecha en pleno siglo XXI?

No se recuerda un debate tan encendido y polémico sobre qué define a la ultraderecha como al que asistimos actualmente en los medios de comunicación europeos y americanos. Una discusión alentada por el avance electoral de partidos, movimientos y líderes políticos como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, ya en el poder, o de AfD en Alemania y VOX en España, que amenazan con participar en gobiernos o, al menos, con condicionar la gobernabilidad de sus respectivos países. 

Pese al intenso debate generado, establecer qué elementos comunes definen a los nuevos partidos o movimientos ultraderechistas sigue generando ríos de controvertida tinta. Y lejos de avanzar hacia un consenso, las diferencias parecen incluso estar ampliándose: en algunos casos, por los intentos de blanquear posiciones inequívocamente ultraderechistas, que suponen una clara amenaza al sistema de convivencia democrática, y en otros, por las honestas dudas sobre cuáles son las líneas divisorias reales entre las posiciones ultraderechistas y las del ultraconservadurismo y la derecha radical. 

El debate teórico sobre esta última división tiene un largo recorrido en Alemania, cuya democracia ha estado escoltada por movimientos ultraderechistas o directamente neonazis prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la fundación en 1949 de las dos repúblicas construidas sobre los escombros del nacionalsocialismo. En la actual República Federal de Alemania, la única que sobrevivió al fin de la Guerra Fría, no son pocos los que se preguntan hoy qué significa ser de ultraderecha en pleno siglo XXI, en el que la digitalización e Internet han cambiado radicalmente la forma de hacer política y también de comunicarla. 

“Ya que el ultraderechismo no cuenta con un concepto ideológico homogéneo, tampoco hay una definición uniforme para el término”, escribe Gabriele Nandlinger, periodista especializada en extremismos derechistas del portal alemán Blick nach Rechts. “Por lo general, los ultraderechistas rechazan el orden democrático y liberal -incluso a través del uso de la violencia- y quieren construir un sistema estatal autoritario o incluso totalitario, en el que una ideología nacionalista y racista debería servir de base para el orden social”. 

Según Nandlinger, la Oficina Federal de Protección de la Constitución en Alemania considera los siguientes elementos a la hora de incluir movimientos o partidos en su apartado dedicado al ultraderechismo: agresivo nacionalismo, el deseo de construir una comunidad sobre bases raciales, el antipluralismo, la xenofobia ligada por lo general al antisemitismo, las posiciones que apuestan por un estado liderado por una figura autoritaria, el militarismo, la relativización o banalización de los crímenes nacionalsocialistas, así como la difamación de las instituciones democráticas y de sus representantes. 

Fronteras difusas 

A pesar de que la derecha radical pueda compartir ciertas de las posiciones ultraderechistas arriba enumeradas y de que las fronteras entre el ultraderechismo y la derecha radical sean a menudo difusas, hay un punto que aparece como decisivo para los académicos alemanes: el inequívoco y abierto rechazo del orden constitucional y democrático. “Desde las instituciones y las ciencias sociales se utiliza el térmico 'radicalismo de derecha' por regla general para organizaciones o personas situadas claramente a la derecha del centro del espectro político, pero que se mantienen dentro del marco constitucional. Por lo general, el radicalismo de derecha no adopta posiciones hostiles frente al orden democrático”, razona Gabriele Nandlinger. 

Ese marco teórico, sin embargo, parece un tanto desactualizado cuando se aplica a las llamadas Nuevas Derechas alemanas o a partidos como Alternativa para Alemania (AfD) o el FPÖ austriaco, que, pese a mostrar un discurso público respetuoso con las instituciones y el orden constitucional, tienen claras relaciones con movimientos ultraderechistas y reciben el voto útil del neonazismo militante clásico, además de coquetear con posiciones que relativizan o minimizan los crímenes del nacionalsocialismo. 

Como ejemplos de esto último están las declaraciones del líder de AfD, Alexander Gauland, quien calificó el régimen nazi como “una cagada de pájaro en los 1.000 años de exitosa historia alemana”. En esa misma línea, el líder del ala etnonacionalista de AfD, Björn Höcke, describió el monumento a las víctimas del holocausto erigido en el centro de Berlín “como un monumento de la vergüenza” para Alemania. 

Pese a que esas constantes salidas de tono de figuras destacadas de AfD son posteriormente puntualizadas o disculpadas por el partido, cuesta no ver en esa estrategia de provocación sistemática y estratégica un intento de desestabilización de uno de los pactos tácitos acordados por los partidos democráticos alemanes tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial: el rechazo del uso del nacionalismo y de la relativización del nazismo como herramientas políticas y electorales. AfD rompe ese acuerdo y se convierte, consecuentemente, en un elemento desestabilizador del sistema político alemán nacido hace siete décadas, al tiempo que respeta las reglas formales del juego democrático e institucional. 

¿Y qué es VOX? 

VOX es la última formación que ha irrumpido electoralmente en la escena de partidos radicales de derecha o ultraderechistas del Viejo Continente. La pregunta es, de nuevo, inevitable: ¿qué adjetivo es el más adecuado para definir a la formación liderada por Santi Abascal?

Para Guillermo Fernández, sociólogo e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, VOX está, al menos de momento, más cerca de la derecha radical que del ultraderechismo: “En la medida en que participa en el juego democrático, pienso que VOX es derecha radical, identitaria y ultraconservadora. La mayoría de cuadros vienen del ala más radical del PP y de sectores integristas de la Iglesia Católica que, por ejemplo, quedaron muy defraudados por Rajoy cuando éste llegó al poder y no derogó automáticamente la Ley del Aborto, por poner un claro ejemplo. Para mi, sin embargo, decir que VOX es derecha radical en lugar de ultraderecha no le quita peligrosidad. Es un partido que proviene de una reconfiguración de la derecha más radical para tratar de dar la batalla cultural a la izquierda”.

A la hora de establecer una serie de comunes denominadores compartidos por los nuevos movimientos ultraderechistas o radicales de derecha, desde Trump hasta Bolsonaro pasando por AfD, FPÖ o VOX, el investigador de la Universidad Complutense enumera los siguientes elementos: ultraconservadurismo, concepto esencialista de la identidad nacional, discurso contra las élites o antiestablishment, antifeminismo y combate de la llamada “ideología de género”. 

Para Franco Delle Donne, doctor en Ciencia Política y especialista en comunicación política residente en Alemania, el debate léxico sobre el uso “ultraderecha” o “derecha radical” es, sin embargo, estéril: “A mi me tiene sin cuidado si esos partidos quieren o no respetar el régimen democrático o institucional, porque no respetan algo que me parece mucho más relevante: los valores de un consenso logrado con mucho trabajo en el que, por ejemplo, la mujer tiene que estar a la misma altura que el hombre. Y líderes como Bolsonaro declaran como una política de Estado combatir esa igualdad de género”. 

Preguntado por más elementos compartidos por Bolsonaro, VOX, AfD y otros movimientos ultras europeos, Delle Donne ofrece los siguientes: visión retrógrada de la identidad nacional, que mira al pasado para construir identidades compartidas para el futuro; la búsqueda constante de un chivo expiatorio o enemigo exterior, situado fuera esa comunidad anclada en valores tradicionales, que puede ser el inmigrante, el transexual, el refugiado, la izquierda o el musulmán; el desprecio por la clase política, por las élites o el establishment del que los medios de comunicación tradicionales también suelen formar parte; y, por último, la provocación constante y estratégica para romper lo políticamente correcto y ampliar el terreno del debate político más allá de los límites considerados como tolerables por los partidos predominantes hace tan sólo unos años y que ya están dejando de serlo. Este parece ser el nuevo campo de batalla en el que se disputarán las mayorías electorales en el futuro próximo.

Análisis publicado por El Confidencial.

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"La transición española no fue tan perfecta como nos contaron"

El año 2010 fue un punto de inflexión en la historia reciente de España: tras el intento frustrado del juez Baltasar Garzón de llevar a juicio los crímenes cometidos por la dictadura de Franco, la jueza argentina María Servini asumió desde Buenos Aires una causa que parece todavía hoy inviable en el sistema judicial español. La Ley de Amnistía de 1977 supuso aceptar la prescripción de los crímenes cometidos por el régimen y sus colaboradores durante 40 años, a cambio de la liberación de unos cientos de presos políticos. 

Más de cuatro décadas después de la muerte del dictador, algunos jueces españoles siguen denegando el derecho de los familiares de las víctimas a ser, al menos, reparados simbólicamente. No en vano la larga sombra del franquismo se sigue proyectando sobre la vida política y las instituciones de un país que atraviesa una grave crisis política e institucional que algunos analistas se atreven incluso a calificar de crisis de régimen y constitucional. El conflicto catalán podría ser sólo el último de una serie de síntomas. 

En este agitado contexto histórico, los documentalistas e investigadores Lucía Palacios y Dietmar Post mostraron por primera vez en la pasada edición del festival de cine de la Berlinale su documental: La causa contra Franco: ¿el Núremberg español? Con él lanzan incómodas preguntas sobre el bloqueo institucional a la investigación de los crímenes franquistas que apunta a una precaria y dudosa separación de poderes en la monarquía parlamentaria española. Nos reciben en su oficina de Berlín.

Fotografía de Sergi Solanas. © 

¿Dónde nace la idea de su última película? 

Lucía Palacios (LP): Hicimos una película anterior sobre el franquismo, que se titula Los colonos del Caudillo. Esa película culmina en 2010 con una gran manifestación en apoyo al juez Baltasar Garzón, que iba a ser juzgado por prevaricación, no por el intento de investigar los crímenes del franquismo, sino por otro caso curiosamente relacionado con la corrupción del Partido Popular. Los colonos del Caudillo termina justo en ese momento. Era un tema que ya nos tenía atrapados y queríamos seguirlo. 

Dietmar Post (DP): Cuando en 2008 Garzón intentó llevar a juicio a los golpistas [el golpe de Estado de 1936 que generó la posterior Guerra Civil Española], en realidad queríamos hacer una película sobre el juez. Pero como ya estaban en marcha otros proyectos cambiamos de idea. Al acabar nuestra primera película sobre el franquismo, que precisamente termina con la querella argentina, nos dimos cuenta de que había mucho interés. La causa contra Franco: ¿el Núremberg español? nace de una manera casi orgánica. Digamos que Los colonos del Caudillo dio paso de forma casi natural a su siguiente película. 

LP: Efectivamente. La manifestación a favor de Garzón, una de la más numerosas de la democracia española, nos impresionó mucho. También nos impresionó mucho una manifestación paralela de la Falange [partido fascista español]. Ahí nos dimos cuenta de que había que seguir con el tema.

¿Creen que el tópico de las dos Españas se corresponde con la realidad, casi 80 años después del inicio de la Guerra Civil Española? 

DP: Depende. Si miramos los libros de historia, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿de quién es y a quién beneficia la idea de las dos Españas? Claro que las dos Españas existen de alguna manera y no sólo es un tópico. Hubo una España conservadora, rancia, antimoderna, que quiso evitar el progreso del pueblo español. Una España que, en el fondo, se rebeló contra una democracia. La otra España era mucho más diversa; no solamente eran socialistas, anarquistas y comunistas (aunque estos eran muy pocos en España en la década de 1930), en ella también había gente liberal, conservadores, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco, que es conservador y católico. 

¿Quieren decir que la narrativa de las dos Españas la establecieron los vencedores? 

LP: Yo veo eso un poco simplista, porque el poeta Antonio Machado, por ejemplo, ya hablaba de las dos Españas. Algo de lo que nos hemos dado cuenta, y no somos los únicos, es que cuando se habla de Guerra Civil o de guerra entre hermanos, se iguala a las dos partes que están en conflicto. Nosotros hablamos más bien de una guerra de invasión, literalmente, porque como sabemos el Ejército invadió territorialmente España, el territorio de la península, desde África, además de la intervención de los ejércitos alemán e italiano. Todo eso lo explicamos en nuestra última película. Además, sobre todo fue una guerra de clases, porque ¿quiénes lucharon contra quiénes? ¿Quiénes intentan eliminar a quiénes? Esta discusión es mucho más compleja: también se podría hablar de la España pobre y la España rica, de la ultracatólica y la que quería salir del oscurantismo. En el mismo momento en el que se instaura la Segunda República, ya hay confabulaciones y partidos que quieren acabar con ella. En la película aparecen muchísimas entrevistas, incluso con algunas figuras que participaron directamente en la dictadura franquista, como es el caso de José Utrera Molina, uno de los últimos ministros de Francisco Franco. 

¿Cuáles fueron los principales retos para la producción? 

LP: Desde el primer momento quisimos hablar con las personas imputadas por la jueza argentina. Mandamos cartas a los 24 imputados. Y no sólo eso, sino que además fuimos a sus casas, no tanto para grabar con las cámaras, sino para hablar con ellos. Y tuvimos la gran fortuna de que José Utrera Molina nos recibiera. 

DP: En Alemania hay una gran tradición de documentalistas sobre el nazismo. En esa tradición la intención siempre era hablar con todos. Si tú te imaginas un posible juicio, y esa es la idea que está detrás de nuestra película, la jueza o el juez tendría que hablar con todos. No te puedes fiar de todo lo que te cuentan las víctimas, porque también se pueden equivocar. Y hemos intentado seguir de cerca lo que pone en el texto de la querella, que son cientos de páginas. Y ahí hemos buscado quién acusa a quién por asesinatos o torturas. Si no hablas con las dos partes, algo falta. Y claro, fue muy complicado encontrar a alguien en el lado de los imputados. Intentamos también hablar con Martín Villa o con Billy el Niño. Otro logro fue poder hablar con la hija de uno de los golpistas. Siempre buscamos, como el escritor Rafael Chirbes en sus novelas, la multiperspectividad. 

LP: Pero casi nadie nos respondió; sólo las altas instancias del Estado español, para rechazar entrevistas. En la Berlinale también se presentaron dos películas más sobre el franquismo. 

¿Creen que es casualidad o, más bien, se trata del signo de los tiempos? 

DP: No creo que sea casualidad, porque en los últimos 20 años se han hecho muchísimas películas sobre el tema de la memoria histórica en España. Otra cuestión es la visibilidad que tienen o por qué no se ven en la televisión en España. Incluso algunas de esas películas fueron producidas por Televisión Española. Durante la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hubo varias películas sobre las fosas, sobre los niños robados. Pero sí es la primera vez que se aborda el juicio a los crímenes del franquismo cometidos después de la Guerra Civil. 

LP: Pero es lógico, porque la querella contra esos crímenes ya existe y sigue abierta, así que es probable que se hagan más películas sobre el tema. Esto no ha terminado: no ha hecho más que empezar, porque es posible que en el futuro haya más querellas o incluso un juicio en España. Este es un tema que no se va a cerrar. Se ha dicho una y mil veces que la transición española fue modélica. 

¿Creen que hay una versión un tanto edulcorada tanto dentro como fuera de las fronteras de España? 

DP: Modélica no fue. Eso está claro. Pero tampoco tan mala. Hay mucha gente ahora en España que ve todo muy negro sobre la transición. Hay que reconocer que eran tiempos muy difíciles, con una oposición que existía dentro del país, pero en la clandestinidad, y una oposición que estaba fuera del país y que llevaba 40 años en el exilio. Y luego había fuerzas reformistas dentro del franquismo, con ganas de cambiar las cosas, o, simplemente, de continuar en el poder. Para poder investigar todo eso habría que abrir los archivos y cuestionar el papel del rey Juan Carlos, que ahora se nos presenta como la persona que trajo la democracia, y no fue así. El sindicato Comisiones Obreras jugó un papel fundamental en su resistencia pacífica contra el régimen. Pero incluso otros grupos como ETA, el GRAPO [Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre] y el grupo de anarquistas MIL [Movimiento Ibérico de Liberación] jugaron un papel. Malo o bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Todas son cosas que hay que analizar. Y si uno se fija bien, se puede decir que quienes ganaron fueron aquellos que ya estaban en el poder bajo Franco. Económicamente, no creo que se pueda decir que la izquierda sea la dueña del país. 

LP: Mi respuesta es clara: la de la transición es una versión edulcorada. Como con tantas cosas hoy en día, gustan las historias de héroes, las historias que acaban bien. Y la transición acaba bien porque desemboca en una democracia sólida, aunque ahora vemos que no lo es tanto, porque quedaron muchos cabos sueltos. Pero es evidente que se trata de una versión edulcorada: primero, porque no fue fácil, y segundo, porque no fue perfecta. Se vende la idea de que fue tan exitosa que es un modelo que se puede exportar a otros países, como, por ejemplo, Latinoamérica. Y esto no es cierto, porque cada país tiene sus particularidades y porque no fue tan perfecta como nos contaron. Hubo mucha gente que quedó muy descontenta: las expectativas eran muy altas, por ejemplo, con respecto a la memoria histórica. En la década de 1970, mucha gente comenzó a sacar los restos de sus familiares de las fosas. La gente no había olvidado, quería sacar a sus muertos, y esperaba que con el primer gobierno socialista de Felipe González se hiciese algo al respecto. Pero no se hizo. 

¿Hay un apagón informativo sobre ciertos episodios de la historia moderna de España? Por ejemplo, el papel del rey hasta hace muy poco parecía una figura intocable. 

DP: Sí, pero en una democracia no existen personas intocables. En una democracia tú tienes todo el derecho como ciudadano a criticar a tu rey, a tu presidente, a tu canciller. Entre los jóvenes en España hay un déficit democrático, un déficit con el que también nos costó mucho acabar en Alemania: después de la Segunda Guerra Mundial nos costó unas tres décadas escribir la verdad en los libros de texto. Y eso en España lo seguimos notando: los jóvenes se sorprenden con la información que aparece en nuestras películas. El sistema educativo no ha respondido a las preguntas que dejaron abiertas la dictadura de Franco y la transición. 

LP: Creo que ahora los jóvenes comienzan a interesarse por esos episodios históricos, pero este fenómeno también coincide con una época muy compleja. Las redes sociales ofrecen mucha información, pero muy superficial. Ni el sistema educativo ni la prensa tradicional están jugando ese papel ilustrador, sino que lo están jugando las redes sociales entre las generaciones más jóvenes, y eso conlleva cierto peligro. Además,esto está ocurriendo en un momento de crisis política, de crisis democrática y económica. Es una mezcla explosiva. En su película muestran el bloqueo institucional y judicial que hay en España respecto de los crímenes del franquismo tras el fin de la Guerra Civil. 

¿Tienen que venir los impulsos o la presión desde fuera de España para que se mueva algo? 

LP: Creo que ahora mismo, tal y como están repartidos los poderes en España, no es posible. Pero es una opinión personal. Por supuesto que hay jueces que estarían abiertos a la posibilidad de que se enjuiciasen los crímenes del franquismo en España. Pero, como se dice en nuestra película, eso está muy hablado por la gente que ahora mismo tiene el poder de decidir. Y en el caso que nos ocupa, esos son el Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Tienen pensado hacer un tercer documental para cerrar su trilogía sobre el franquismo. 

¿Qué idea manejan para esa tercera entrega? 

LP: De momento es una idea, un boceto; no tenemos nada más. 

DP: Queremos mostrar el lado económico, el expolio del franquismo y cómo se enriquecieron los golpistas. 

LP: Y también cómo las grandes empresas españolas, muchas de ellas actualmente multinacionales, se hicieron ricas ya con la dictadura. Eso intentaremos explicar en la tercera película. 

DP: En general, los golpes de Estado casi siempre tienen más que ver con la economía que con la ideología.

LP: Por eso decimos que la Guerra Civil Española fue una guerra de clases. En mi opinión, lo que ocurre ahora en España tiene que ver con las fuerzas económicas, con el orden económico y con cómo está repartida la riqueza en el país.

Entrevista publicada por el diario uruguayo La Diaria.

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El drama del desempleo juvenil europeo

La semana pasada tuve la oportunidad de ir a Erfurt para cubrir la historia de más de 100 jóvenes españoles varados en Alemania tras haber sufrido el engaño de dos empresas intermediarias. Evidentemente, la responsabilidad legal corresponde a ambas empresas, cuyos titulares son por cierto ciudadanos alemanes. Sin embargo, tras haber investigado tres días el caso, creo que hay una evidente responsabilidad política y también cierta negligencia administrativa por parte tanto de las instituciones alemanas como de las españolas. Sobre todo, de éstas últimas, que accedieron a colaborar informalmente con los intermediarios sin haberse asegurado de si su proyecto cumplía con los estándares de calidad adecuados. 

Todo ello deja en evidencia la dimensión del drama del desempleo juvenil en Europa y más concretamente en España: tantos instituciones como ciudadanos se agarran a un clavo ardiendo para intentar solucionar el paro que sufre uno de cada dos jóvenes españoles. El caso también deja patente que, como me dijo no hace mucho un político alemán, "el problema del desempleo en España no se puede solucionar en Alemania".

Lo explico todo con más o menos fortuna en el siguiente reportaje publicado el pasado domingo en la seción de sociedad del diario ABC:

Atrapados en Alemania

Diego López, uno de los jóvenes varados en Erfurt. Foto: Andreu Jerez

Pese al cansancio que desprenden sus caras, Diego López y Antonio Pérez (éste último, un nombre ficticio) no pierden el buen humor. “A este paso me voy a hacer famoso”, asegura entre risas algo amargas Diego, un auxiliar de enfermería toledano de 21 años quien ha atendido a numerosos medios españoles e internacionales en los últimos días. Su colega Antonio, electricista que supera la treintena, prefiere mantener su identidad en secreto para “no preocupar a la familia”. 

Estos dos castellanomanchegos llevan desde el pasado 28 de septiembre en Erfurt, capital del Estado de Turingia. Forman parte de un grupo de 128 españoles procedentes de Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias que siguen varados en la región germanoriental. Aproximadamente la mitad de ellos todavía no tiene un contrato, aunque sí muchas promesas tanto de las instituciones alemanas como de las españolas, porque de las dos empresas (Sphinx Consulting y K.S.P. AV) que los trajeron a Alemania han dejado de tener noticias. 

Para Diego todo comenzó el pasado agosto cuando fue a registrarse como desempleado en una oficina del INEM de Toledo. Al llegar, el joven vio un cártel que anunciaba MobiPro EU, un programa del Ministerio de Trabajo de Alemania para reclutar a jóvenes que desean realizar una formación profesional en el país centroeuropeo: Berlín quiere cubrir así la necesidad de mano de obra cualificada que padece su economía y ayudar a los países más golpeados por el desempleo juvenil.

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El alto precio de la inacción de la Troika

El carácter sistémico de entidades como Bankia es el argumento con el que las autoridades nacionales y europeas suelen justificar el uso del dinero de los contribuyentes para tapar los agujeros dejados por la mala gestión de la banca. Los Verdes alemanes y la fracción verde en el Parlamento Europeo lo cuestionan. Si los gobiernos nacionales, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea no hubiesen tardado tanto en reaccionar y hubieran obligado a los grandes acreedores de las entidades en problemas a participar en su reestructuración, la Eurozona se habría ahorrado 35.000 millones de euros en ayudas a ocho bancos europeos, concluye un informe encargado por ese partido político.

El documento, titulado «La participación de los acreedores en la crisis bancaria de la Eurozona», elaborado por la consultora Finpolconsult y al que ha tenido acceso ABC junto a Financial Times y Süddeutsche Zeitung, analiza el proceso de recapitalización de tres bancos griegos (Piraeus Bank, Alpha Bank y EFG Eurobank), dos chipriotas (Laiki Bank y Bank of Cyprus) y tres españoles (Bankia, Banco de Valencia y Banco Popular). Si la conclusión del análisis se aplica al resto de bancos no analizados, el hipotético ahorro de dinero público es mucho mayor. Así, el documento califica de «desastrosa» la gestión de la crisis bancaria europea.

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Los intereses de Rajoy

El Gobierno español de Mariano Rajoy ha hecho suya (con aparente absoluta convicción o porque no le queda más remedio por representar intereses bastardos) la política económica de austeridad dictada por Berlín y Bruselas. Rajoy lo declara una y otra vez, hasta la saciedad: el objetivo prioritario e irrenunciable de su Gobierno es reducir el déficit público del Estado, acabar con las crecientes deudas del país. Mientras, la economía española, nuevamente hundida en la recesión, se enfanga cada vez más en unas arenas movedizas de las que difícilmente saldrá con más recortes, por mucho que Merkel se empeñe en recetar a Madrid esa política económica. Analistas dan por hecho que si el Ejecutivo Rajoy mantiene su rumbo económico, el desempleo alcanzará en España el 30 por ciento a finales de este mismo año. Un dato escalofriante, insostenible y que la historia nos demuestra como extremadamente peligroso: con ese nivel de desempleo llegó Hitler al poder en Alemania, por poner un claro ejemplo.

El tiempo pasa rápido y a Rajoy se le agota el crédito tan sólo 100 días después de asumir el poder. Las reformas llegan, pero ante ellas surge irremediablemente una pregunta: ¿a qué intereses responden esas reformas? ¿A los de todos los empresarios y emprendedores, o sólo a los de las grandes empresas? ¿Acaso sólo las grandes compañías crean empleo? Hace poco escuché una propuesta en el genial buzón de voz del programa de Radio 3 Siglo XXI que me parece digna de ser tomada en cuenta por el equipo económico de Rajoy: que el despido por 48 días trabajados al año sea pagado sólo por aquellas empresas que puedan permitírselo, mientras que el despido a 25 días o menos sea pagado por los pequeños y medianos empresarios, que son los que están sufriendo verdaderamente esta crisis. La reforma laboral se ajustaría así mucho mejor a la maltrecha realidad económica del país.

Y mientras, los tecnócratas de Bruselas se apresuran en bendecir los recortes de los gobiernos de la periferia y en aprobar los créditos mal llamados "paquetes de ayuda". Sin embargo, no nos llegan noticias desde Bruselas de los impuestos a la economía especulativa (la llamada tasa a la transacciones financieras), una medida que la devastada economía real hace años que pide a gritos.

Dicen que los jóvenes españoles son la generación perdida. Yo no lo creo: los jóvenes, a diferencia de sus mayores, no tienen nada que perder porque su gran mayoría no tiene nada. No han cambiado ideales por bienestar. O como escribió Walter Benjamin, sólo desde la derrota se es invencible. Los jóvenes españoles cada vez tienen menos miedo. Las estrecheces avivan el ingenio, la crisis exige capacidad de emprender, de reaccionar. En Berlín hay bastantes ejemplos de ello. Recientemente estrené colaboración con el diario ABC con un artículo sobre la presencia de empresas españolas en Alemania. En él incluí tres ejemplos de jóvenes pymes españolas que funcionan con éxito en Alemania, un país donde todavía queda  crédito y algunas oportunidades, aunque habría que preguntarse si a costa de la periferia. Aquí tenéis el artículo:

Aus Selección de reportajes

De recuerdos y 'Egunkaria'...

Recuerdo que cuando la Audiencia Nacional decidió cerrar Egunkaria en 2003, todavía estudiaba en la universidad. Periodismo. Allí donde nos vendían que el derecho a la libre información, siempre que sea veraz, es uno de los pilares fundamentales e inquebrantables de los sistemas democráticos occidentales. Con España supuestamente dentro de ese grupo.

También recuerdo que por aquellos meses tomaba un curso de derecho, centrado en la interpretación del artículo 20 de la Constitución española: es decir, que todo ciudadano español tiene derecho "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Y también recuerdo que el profesor nos explicó que el artículo 55 de esa Constitución, modélica para algunos, establece que "el estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución" permite suspender todos los derechos recogidos en el artículo 20.

Recuerdo que para ese curso me atreví a escribir un trabajo sobre la base jurídica con la que el juez Del Olmo clausuró Egunkaria y detuvo bajo legislación antiterrorista a sus directivos por presunta colaboración con ETA. Mi conclusión fue que tal base jurídica no existía y que el cierre era un auténtica aberración y un verdadero ataque a los derechos fundamentales de expresión supuestamente garantizados por la Constitución española. Recuerdo que incluso me serví de un editorial del diario El Mundo, poco susceptible de ser abertzale, para construir la tesis de mi trabajo. También recuerdo que algunas personas cercanas me tildaron de ingenuo y me dijeron, con esa seguridad del que opina intoxicado por la propaganda, que estaba claro que Egunkaria pertenecía al "entorno de ETA".

Recuerdo que Martxelo Otamendi, director de Egunkaria (el único diario íntegramente editado en euskera en 2003), y otros cuatro de sus directivos denunciaron haber sido torturados durante los cinco días de incomunicación (recuerden, estos periodistas vascos fueron detenidos bajo legislación antiterrorista). Y ahora recuerdo que Amnistía Internacional y Human Rights Watch, asociaciones también poco susceptibles de ser pro abertzales, denuncian anualmente que en España la tortura "no es sistemática, pero tampoco esporádica" y que el Estado español hace demasiado poco por investigar los reiterados casos de denuncias por torturas en los comisarías españolas.

La noticia de que la Audiencia Nacional absolvió a los directivos de Egunkaria de cualquier relación con ETA y calificó las tesis que el juez Del Olmo utilizó para cerrar el diario de "meras especulaciones" me sacó el otro día de mis recuerdos y me trajo a la cabeza unas cuantas preguntas: ¿cuán independiente es la así llamada justicia española? ¿Quién no salva de la politización de los jueces? ¿Cuán democrática es la democracia española? Y, sobre todo, ¿no será que en España reina desde hace más de 25 años el Estado de excepción?

Tres recomendaciones...

Me llegó por correo, y la información, a través del programa de Radio 3 Carne cruda. Me refiero al libro del periodista catalán David Fernàndez Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial. Un libro que podría ser perfectamente una novela negra, pero que, lamentablemente, describe las prácticas de guerra sucia de baja intensidad y de acoso a los movimientos sociales y las disidencias políticas utilizados por el Estado español en el año 2009, y que nos ofrece un cuadro lamentable del periodismo practicado por los medios de comunicación de masas españoles. De esa España de la Unión Europea y los casi cuatro millones de parados (y subiendo).

La tortura existe en esa España. No lo dicen los etarras, sino organizaciones tan poco susceptibles de ser proabertzales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, o el Relator contra la Tortura de la ONU en sus informes periódicos. Como dijo en su día el que fuera relator Theo Van Bomen, "la tortura en España no es sistemática, pero tampoco esporádica". Aquí huele a que si te enfrentas al sistema existente con activismo político y sin violencia, te pueden aplicar con total tranquilidad la estrategia de lucha antiterrorista (detención ilegal, incomunicación, torturas y, si hay mala suerte, muerte "accidental"), delitos que a la larga seguramente acabarán quedando impunes. Y si eres pobre o inmigrante sin papeles, y caes en manos de la policía, seguramente correrás peor suerte. Sí, no estamos hablando de la dictadura socialista de República Democrática Alemana del siglo XX, sino de la España democrática postransición del siglo XXI.

Quizá cueste de creer, pero sólo hace falta informarse un poco, rascar en los informes y documentación acumulada, para darse cuenta de que las denuncias no son ningún invento. Pero la realidad oficial se acaba imponiendo. Eso sí, cada vez con menos fuerza.

Después de las reseñas de un (excelente y atrevido) programa de radio y un (escalofriante) libro-reportaje, os dejo una tercera recomendación: si eres español y lo suficientemente crítico como para activarte políticamente contra el sistema actualmente dominante, piénsatelo dos veces. Y si no te lo crees, léete "Crónicas del 6...". Te echarás a temblar.