Recuerdo que cuando la Audiencia Nacional decidió cerrar Egunkaria en 2003, todavía estudiaba en la universidad. Periodismo. Allí donde nos vendían que el derecho a la libre información, siempre que sea veraz, es uno de los pilares fundamentales e inquebrantables de los sistemas democráticos occidentales. Con España supuestamente dentro de ese grupo.
También recuerdo que por aquellos meses tomaba un curso de derecho, centrado en la interpretación del artículo 20 de la Constitución española: es decir, que todo ciudadano español tiene derecho "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Y también recuerdo que el profesor nos explicó que el artículo 55 de esa Constitución, modélica para algunos, establece que "el estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución" permite suspender todos los derechos recogidos en el artículo 20.
Recuerdo que para ese curso me atreví a escribir un trabajo sobre la base jurídica con la que el juez Del Olmo clausuró Egunkaria y detuvo bajo legislación antiterrorista a sus directivos por presunta colaboración con ETA. Mi conclusión fue que tal base jurídica no existía y que el cierre era un auténtica aberración y un verdadero ataque a los derechos fundamentales de expresión supuestamente garantizados por la Constitución española. Recuerdo que incluso me serví de un editorial del diario El Mundo, poco susceptible de ser abertzale, para construir la tesis de mi trabajo. También recuerdo que algunas personas cercanas me tildaron de ingenuo y me dijeron, con esa seguridad del que opina intoxicado por la propaganda, que estaba claro que Egunkaria pertenecía al "entorno de ETA".
Recuerdo que Martxelo Otamendi, director de Egunkaria (el único diario íntegramente editado en euskera en 2003), y otros cuatro de sus directivos denunciaron haber sido torturados durante los cinco días de incomunicación (recuerden, estos periodistas vascos fueron detenidos bajo legislación antiterrorista). Y ahora recuerdo que Amnistía Internacional y Human Rights Watch, asociaciones también poco susceptibles de ser pro abertzales, denuncian anualmente que en España la tortura "no es sistemática, pero tampoco esporádica" y que el Estado español hace demasiado poco por investigar los reiterados casos de denuncias por torturas en los comisarías españolas.
La noticia de que la Audiencia Nacional absolvió a los directivos de Egunkaria de cualquier relación con ETA y calificó las tesis que el juez Del Olmo utilizó para cerrar el diario de "meras especulaciones" me sacó el otro día de mis recuerdos y me trajo a la cabeza unas cuantas preguntas: ¿cuán independiente es la así llamada justicia española? ¿Quién no salva de la politización de los jueces? ¿Cuán democrática es la democracia española? Y, sobre todo, ¿no será que en España reina desde hace más de 25 años el Estado de excepción?
