“El puñal del asesino estaba escondido bajo la toga del jurista”. Esta fue la conclusión del Tribunal de Núremberg en uno de los procesos celebrados en la década de los 50 para depurar la responsabilidad del sistema judicial que amparó los crímenes del Tercer Reich.
Como han descrito numerosos historiadores y pensadores de los siglos XX y XXI, la barbarie nazi estuvo apoyada en un sistema de leyes y decretos aplicados a rajatabla por millones de “delincuentes de escritorio”, como se suele denominar en alemán a los colaboradores necesarios de los crímenes nacionalsocialistas que ponían sellos para la deportación de judíos, escribían las sentencias contra opositores o firmaban las penas de muerte para los disidentes. Jueces y fiscales fueron, en ese sentido, figuras claves para dar un barniz legal a los crímenes de lesa humanidad nazis.
El reciente libro Staatschutz im Kalten Krieg (Seguridad del Estado en la Guerra Fría), de los historiadores Friedrich Kießling y Christoph Safferling, abunda en esa realidad ya conocida de los primeros pasos de la República Federal de Alemania fundada en 1949. La investigación – de más de 500 páginas y realizada a petición de la propia Fiscalía Federal alemana – ha llevado a cabo un rastreo exhaustivo en archivos hasta ahora desconocidos, hemerotecas y otras obras ya publicadas que confirma las sospechas y aporta una novedad: cargos altos de la Fiscalía Federal de la Alemania occidental estuvieron ocupados por antiguos miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) e incluso por criminales de guerra hasta bien entrados la década de los 70. El último fiscal marcado por el nazismo abandonó la institución en 1992.
La conclusión de Kießling y Safferling se suma a la continuidad entre el régimen nazi y la joven república germano-occidental ya demostrada en otras instituciones como los ministerios de Justicia e Interior, la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA, por sus siglas en alemán, encargada de la seguridad del estado), los servicios de inteligencia o incluso las comisarías de policía. La mítica “desnazificación de Alemania” – en la mayoría de las ocasiones alabada fuera de las fronteras del país – fue un proceso muy corto y lleno de excepciones, agujeros y silencios.
Sin “hora cero”
Las cifras no dejan lugar a dudas: ya poco después de la creación de la Fiscalía Federal en 1950, la mitad de sus fiscales habían sido miembros del NSDAP. Esa cifra fue creciendo con el paso de los años: en 1966, el 91% de los fiscales había militado en el partido nazi. La argumentación generalizada en Alemania es que sin los exfuncionarios del Tercer Reich habría sido imposible reconstruir la República Federal. Las urgencias impuestas por la carrera entre las fuerzas ocupantes occidentales y la Unión Soviética dentro de la lógica la Guerra Fría aceleró esa rehabilitación de viejos nazis, también en la fiscalía y la judicatura.
El análisis de las biografías de los jueces por parte de las fuerzas ocupantes de la Alemania occidental tras la Segunda Guerra Mundial fue dejando paso al pragmatismo en pos de la reconstrucción institucional, reforzado por el anticomunismo típico de la Guerra Fría que prefirió mirar hacia otro lado a la hora de designar a jueces y fiscales de pasado pardo.
Pero ¿realmente habría sido imposible levantar la República Federal prescindiendo de los antiguos nazis? “No hubo una hora cero en ningún espacio social. También en el personal médico o la industria se reintegró a antiguos criminales nazis”, dice el coautor de la investigación Christoph Safferling. “Un nuevo inicio total, sin las competencias y la experiencia de juristas que habían prestado juramento al Führer, habría sido sencillamente imposible por una simple cuestión numérica. Sin embargo, sí se podría haber buscado alternativas de manera más exhaustiva entre retornados del exilio, abogados o mujeres, y se tendría que haber analizado con más cuidado la absorción de antiguos juristas nazis”, asegura el historiador.
Criminales de guerra
Algunas biografías de fiscales expuestas por la investigación dejan en evidencia no sólo una continuidad entre el nacionalsocialismo y las primeras décadas de la República Federal, sino también la rehabilitación de criminales de guerra en altos cargos de la Fiscalía Federal. Fue el caso del fiscal Ludwig Berner, que había sido juez del Tribunal Especial de Praga en la Checoslovaquia ocupada por los nazis, y responsable de al menos una docena de penas de muerte.
Entre los funcionarios de la Fiscalía Federal de los primeros años hubo también al menos ocho antiguos jueces militares. Rudolf Herzog fue uno de ellos. A pesar de que había indicios de su corresponsabilidad en el asesinato y la condena a muerte de civiles belgas durante la Segunda Guerra Mundial, Herzog pudo jubilarse en 1967 como fiscal general. Las investigaciones sobre sus presuntos crímenes en la Bélgica ocupada fueron archivadas tras su muerte en 1985.
En general, el libro Seguridad del Estado en la Guerra Fría dibuja una fiscalía alemana todavía anclada mental e ideológicamente en posiciones autoritarias y antidemocráticas. Dado que por aquel entonces Alemania estaba dividida en dos estados, se hace inevitable la pregunta de si el régimen oriental de la República Democrática Alemana (DDR, en sus siglas en alemán) sí aplicó un proceso de “desnazificación”.
“En sus inicios, la desnazificación sí fue consecuente en la DDR. Una mayor perseverancia en ese sentido no le habría hecho mal a la República Federal”, responde el investigador Friedrich Kießling, que, sin embargo, puntualiza la “instrumentalización política” que de esa persecución de antiguos nazis hizo el régimen autoritario socialista oriental. “Se convirtió en un programa de purgas en favor de la dirección política del estado. Con todo, y a diferencia de la República Federal, hacer grandes carreras con un pasado nazi no fue posible en la DDR”.
Me parece una (necesaria) maravilla que @elperiodico dedique hoy una página entera a un reportaje sobre el mito de la desnazificación en #Alemania pic.twitter.com/5XBuPEFiSZ
— Andreu Jerez (@AndreuJerez) November 30, 2021
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