Alemania recuerda a la primera víctima del neonazismo tras la reunificación

Imagen de archivo cedida por la Fundación Amadeu Antonio.

Amadeu Antonio Kiowa murió de un fallo multiorgánico el 6 de diciembre de 1990. Tenía 28 años. Dos semanas antes, el 24 de noviembre, había sido rodeado en plena calle por una turba de varias decenas de neonazis. Lo golpearon con bates de béisbol y le patearon la cabeza hasta dejarlo inconsciente. 

 

Amadeu Antonio era un inmigrante congoleño residente en Eberswalde, una pequeña ciudad del estado de Brandeburgo, este de Alemania. Es considerado la primera víctima mortal de la violencia neonazi tras la reunificación alemana. Fue el primero de una larga lista de nombres: el gobierno federal contabiliza 109 asesinados a manos del terrorismo neonazi desde 1990. La Fundación Amadeu Antonio, creada en memoria del congoleño, eleva esa cifra a 213.

 

Estado de “guerra”

“En los 90 no había racismo, sino sencillamente una guerra. No podíamos salir solos a la calle. Teníamos que hacerlo en grupo, y eso valía también para mujeres y niños”, cuenta Augusto Jone Munjunga, también inmigrante congoleño y amigo personal de Amadeu. Ambos llegaron a la desaparecida República Democrática Alemana (RDA) en 1987. 

Tras trabajar varios años en una empresa estatal procesadora de carne, Augusto y Amadeu decidieron quedarse en Eberswalde pese al hundimiento del estado socialista que los había traído a Europa. “Queríamos para cambiar la situación. Ahora es mucho mejor. Aquí tenemos estudiantes de muchos lugares del mundo”, dice Jone Munjunga, quien fundó la asociación cultural Palanca y trabaja por la tolerancia y una sociedad abierta en la localidad situada a apenas 60 kilómetros de Berlín.

Quien vivió en primera persona aquellos días en Alemania oriental suele describir algunas zonas de la antigua RDA como un área de auténtico riesgo para extranjeros, militantes de izquierda o grupos antifascistas. Con unas fuerzas policiales inseguras e incapaces de – o incluso reacias – hacerse con el control de la situación, grupos neonazis y ultranacionalistas aprovecharon el vacío de poder para ejecutar ataques contra extranjeros o residencias en las que vivían “trabajadores invitados” por la desaparecida RDA. 

El de Eberswalde fue uno sólo uno de múltiples casos; los disturbios de Rostock-Lichtenhage en 1992 – en los que neonazis atacaron y prendieron fuego con cócteles motolov a bloques de edificios en los que vivían vietnamitas mientras una masa de vecinos miraba, celebraba y aplaudía – recordaron demasiado a los pogromos vividos en la Alemania de los años 30 del siglo XX.

 

 

 Bajas condenas

 

“El racismo policial en la década de los 90 era algo normal, casi obvio”, recuerda Anetta Kahane, presidenta de la Fundación Amadeu Antonio que lleva trabajando más de tres décadas contra el racismo y la xenofobia. En ese contexto de odio ultranacionalista, alimentado por el desempleo y un proceso de reunificación que quedó muy por debajo de las expectativas creadas entre la población germanooriental, fue asesinado Amadeu Antonio. 

 

El juicio acabó con cuatro condenas de prisión de entre dos y cuatro años, y una libertad condicional. 21 personas fueron absueltas. Con perspectiva histórica, las condenas, ya entonces criticadas por demasiado leves, se presentan hoy aún más escandalosas. Investigaciones periodísticas destaparon además posteriormente que policías de civil observaron la agresión sin intervenir. 

 

Las autoridades judiciales, policiales, fiscales y parte de la prensa de la República Federal llevan décadas enfrentándose a la acusación de estar “ciegas del ojo derecho”: mientras durante mucho tiempo alertaron del peligro del surgimiento de una Fracción de Ejército Rojo 4.0. – es decir, un nueva violencia de extrema izquierda como la de la RAF entre los 70 y los 90 del siglo pasado –, eran incapaces de ver cómo el terrorismo neonazi mataba de manera efectiva. 

 

El caso de la NSU – Clandestanidad Nacionalsocialista, la última célula terrorista neonazi conocida en Alemania, que operó entre los años 2000 y 2007 – apunta en esa dirección: las autoridades alemanas necesitaron más de una década para dar con los terroristas. 

Ines Karl, fiscal superior de Berlín, considera legítimas las críticas pero responde que se han hecho avances e insiste en la necesidad de la colaboración de la sociedad civil: “Es muy importante que aquellos que tengan pruebas, por ejemplo, de casos de ultraderechismo en las fuerzas de seguridad no sólo las ofrezcan a los medios de comunicación, sino también a la fiscalía”. 

Para Anetta Kahane, de la Fundación Amadeu Antonio, la crítica debe ir un poco más más lejos: “Tenemos el ‘caso NSU’ y otros muchos en los que queda la sensación de que las autoridades miran de manera diferente a diferentes fenómenos de violencia”. Y advierte del nuevo contexto creado por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD): “Ha conseguido algo preocupante: integrar a las fuerzas nacional-revolucionarias – lo que tradicionalmente llamamos neonazis – del Este de Alemania con las fuerzas nacional-derechistas del Oeste del país”.

Reportaje publicado por El Periódico de Catalunya.

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