Las alarmas saltaron a finales del pasado septiembre: un trabajador de una empresa de seguridad privada pisa con su bota la cabeza de un residente en un centro de acogida de la localidad de Burbach, en el Estado de Renania del Norte-Westfalia. Mientras Marwan Rahmani, refugiado procedente del norte de África, sufre esta humillación boca abajo y con las manos esposadas tras su espalda, otro miembro de la seguridad posa de cuclillas y con una sonrisa ante la cámara del teléfono móvil con el que una tercera persona fotografía la escena. «Son imágenes que recuerdan a Guantánamo», dijo un cargo policial tras dar a conocer el caso.
Tras la salida a la luz de la foto, las autoridades recibieron más denuncias de torturas y vejaciones en otros dos centros de acogida en Essen y Bad Berleburg, también en Renania del Norte-Westfalia. Los tres casos apuntan a la firma de seguridad privada SKI, con sede en la ciudad Núremberg pero activa en todo el país, y que al mismo tiempo fue subcontratada por European Homecare, firma gestora de seis centros de acogida para refugiados en Renania del Norte-Westfalia y de cuarenta en toda Alemania. El Gobierno regional ya ha rescindido el contrato con European Homecare en el centro de Burbach y está estudiando el resto de subcontratas.
Amnistía Internacional Alemania reaccionó con un duro comunicado que señala directamente a los gobiernos regional y federal: «Cuando se confía a una empresa privada este tipo de responsabilidades públicas, las autoridades correspondientes tienen que controlar regularmente el trabajo de esa empresa», afirma la ONG, que recuerda además que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura establece que los Estados son los responsables últimos de evitar maltratos y vejaciones contra ciudadanos nacionales y extranjeros.
Seguir leyendo en Abc.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario