Susanne Neumann trabajó más de treinta años como limpiadora de casas, edificios y oficinas. Hoy recibe 800 euros netos mensuales de pensión pública. Se trata de una pensión reducida por incapacidad laboral: enfermó de cáncer y tuvo que prejubilarse. Tras casi cuatro décadas de cotizaciones a la caja pública de pensiones, lo tendría realmente difícil para llegar a fin de mes con ese dinero. “Mi marido todavía trabaja y gana un buen sueldo”, confiesa. Susanne se siente una afortunada si mira a su entorno, porque su situación dista de ser excepcional en el país más rico y poblado de la Unión Europea.
El 48% de todas las pensiones públicas alemanas están por debajo de los 800 euros mensuales, y el 62%, por debajo de los 1.000. En el caso de las mujeres, las pensiones menores a 800 euros alcanzan incluso el 64% de todas las jubiladas. Un ingreso menor a 969 euros al mes es considerado el umbral que da acceso a la pobreza para hogares unipersonales en Alemania.
Todas estas son estadísticas oficiales del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales basadas en datos correspondientes al año 2016. El Gobierno federal se vio obligado a ofrecerlas a inicios del pasado julio tras recibir una pregunta parlamentaria de La Izquierda, uno de los partidos que conforman la oposición a la Gran Coalición gobernante (democristianos y socialdemócratas).
Sabine Zimmermann, presidenta de la comisión parlamentaria para Familia, Personas Mayores, Mujeres y Juventud, fue la diputada que hizo la pregunta. La respuesta desmonta el mito sobre las pensiones públicas alemanas especialmente extendido en países del sur de Europa, en los que suele cundir la idea de que en Alemania no hay cultura de compra de una vivienda porque las pensiones públicas son un auténtico seguro contra la pobreza en la tercera edad. Hace tiempo que eso dejó de ser así.
“Lo cierto es que las estadísticas no me sorprendieron”, reconoce la diputada Zimmermann. “El Gobierno federal alemán asegura que en el país sólo hay un millón de personas en la tercera edad que dependen de la ayuda social básica, pero investigadores de la pobreza apuntan que hay casi tres millones de jubilados que podrían solicitar esa ayuda estatal por tener pensiones muy bajas”.
La parlamentaria de La Izquierda se refiere a aquellos pensionistas que, avergonzados por la inesperada pobreza que sufren, prefieren no acudir el complemento de ayuda social básica estatal y se ven abocados a acudir a la caridad de los bancos alimentos o a recoger botellas retornables en las calles para obtener unos euros diarios que complementen sus insuficientes ingresos. Esta última es una imagen que se ha convertido en habitual en las grandes ciudades del país.
Continúa leyendo el reportaje en El Confidencial.
Seguir a @andreujerez
