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viernes, 5 de febrero de 2021

La primera comandante transgénero del ejército alemán

Anastasia Biefang confiesa que nunca tuvo miedo de dar el paso. Sólo quería estar segura de que todo iría bien cuando decidiese comunicar a sus superiores y colegas que ella no era un hombre. Era consciente de que la transición que estaba a punto de anunciar también supondría una transformación para su entorno y la institución para que la trabaja. La incertidumbre era inevitable. 

Su empleador no es uno cualquiera: Biefang trabaja para el ejército de la República Federal de Alemania. Es la primera soldado trans en llegar a comandante en la historia de la Bundeswehr. Es, de alguna manera, una pionera en las fuerzas de seguridad alemanas. 

Anastasia nació en 1974 en Krefeld (Renania del Norte-Westfalia, oeste de Alemania). Tras la instrucción militar básica y como oficial, se diplomó en Pedagogía por la Universidad Militar de Múnich. Durante su carrera como soldado profesional completó varias misiones en, entre otros países, Afganistán. La profesión venía de familia: su padre también fue militar. 

“Yo no sabía cómo se comportaría el ejército conmigo tras mi decisión ni qué significaría para mi como soldado y oficial. Y, sinceramente, me daba igual. Se trataba en primer lugar de mi persona”, explica en una entrevista en exclusiva. La soldado vivió durante 20 años dentro una identidad masculina y de un cuerpo con los que no sentía armonía. 

“No tenía plan B” 

En el momento más álgido de su carrera militar, con 40 años, decidió romper con esa fachada: “No tenía plan B. No había realmente alternativa alguna excepto seguir escondiéndome, negando y reprimiendo mi auténtico yo”, explica. La reacción de sus entonces superiores estuvo marcada por la absoluta comprensión y por el apoyo. En 2017, la oficial se convirtió en comandante del batallón de información técnica 381 de la Bundeswehr en Storkow, este de Alemania. “No me sorprendió la reacción, pero sí me tranquilizó. Valoro mucho el apoyo que recibí durante mi transición y después de ella. Me demuestra que las personas son importantes para este ejército”. 

En Storkow, Biefang tuvo alrededor de 700 soldados a su cargo. Su llegada supuso de alguna manera un test de estrés para una organización militar que nunca había tenido a una persona trans en una posición tan pública. La película documental “Ich bin Anastasia” (“Yo soy Anastasia”), del director Thomas Ladenburger, retrata los retos que supuso la experiencia tanto para la primera comandante trans de Alemania como para el batallón conformado por hombres y mujeres sin apenas experiencia al respecto.

A la pregunta de si sintió resistencia o rechazo latente entre sus subordinados, Anastasia responde: “Mis mujeres y hombres siempre me trataron con respeto y sinceridad. Tuve que ponerme a prueba como comandante, como lideresa militar y como oficial. Obviamente, fue diferente a ocasiones a anteriores debido a mi transidentidad. Pero cuando surgieron resistencias, pudimos superarlas de manera conjunta y rápidamente”. 


 


Paciencia como virtud 

Alemania tiene un marco legal relativamente avanzado para reglar el cambio de identidad de género y una ley de igualdad que protege también los derechos de la ciudadanía transexual. Además, en 2019 entró en vigor el derecho a identificarse oficialmente con el tercer género (“otro” o “diverso”). 

El actual marco legal no significa, sin embargo, que el proceso de transición sea automático una vez que la persona da este decisivo paso. Es un camino muy marcado por fuerzas ajenas, explica Anastasia: “Yo escondí y reprimí mi condición de mujer más de 20 años. Y cuando tomas la decisión, te das cuenta de que la transición es un largo camino. Un camino en el que hay que explicarse constantemente ante médicos y expertos a los que hay demostrar formalmente tu propia identidad”. 

“El cambio de nombre y el registro del género llevaron un año. Esperé casi siete meses a las hormonas. Y cuando la operación de transición sexual fue aprobada en el 2016, tuve que esperar otro año más para la intervención quirúrgica. Cada vez tenía menos paciencia. Eso fue lo más difícil para mi. Creo que algunos obstáculos del proceso son innecesarios. Deberíamos confiar más en las personas a la hora de decidir sobre su propia vida, y adaptar nuestras leyes y reglas”, argumenta. 

Anastasia Biefang trabaja hoy como directiva en el comando de información y ciberespacio del Estado Mayor. Junto a su esposa, disfruta de su vida como mujer, la vida que durante décadas deseó llevar. Preside además como voluntaria la organización QueerBw, que representa al colectivo LGBTI dentro del ejército alemán. 

Cuando mira al futuro, desea un ejército diverso con militares y cuadros directivos “variados”: “Una Bundeswehr que viva interna y externamente la diversidad de manera ejemplar, y que avance como uno de los ejércitos más exitosos y atractivos de Europa”.

Perfil publicado en exclusiva por El Periódico de Catalunya.

miércoles, 3 de junio de 2020

La pandemia visibiliza la explotación en el campo alemán

¿Espárragos por encima de la dignidad humana?”, se pregunta lacónicamente una pancarta colgada en el balcón de una vivienda en el centro de Berlín. Quien desconozca la situación de los temporeros extranjeros en el campo alemán difícilmente entenderá la denuncia. El espárrago blanco, ese producto de temporada tan apreciado – y caro – en la cesta de la compra de los alemanes, se ha convertido en las últimas semanas en todo un símbolo de la precariedad y de las miserables condiciones laborales y de alojamiento que sufren trabajadores temporales, fundamentalmente rumanos y búlgaros, en explotaciones agrarias de Alemania. 

La llegada de la pandemia y las correspondientes medidas restrictivas de movimiento y actividad económica ya evidenciaron el pasado marzo la dependencia del sector agrícola alemán de la mano de obra extranjera: la patronal de agricultores alertaba hace dos meses de que el campo alemán se estaba quedando sin brazos para cosechar productos de temporada como la fresa y el apreciado espárrago blanco. El ministerio federal de Agricultura y el de Interior reaccionaron ante las demandas empresariales con una serie de medidas excepcionales que permitían la llegada de hasta 80.000 temporeros extranjeros – fundamentalmente del este de Europa – durante los meses de abril y mayo. Esas medidas se extenderán previsiblemente durante el verano. 

La cosecha de temporada está así, al menos parcialmente, asegurada. Las condiciones laborales, no tanto. La pandemia ha visibilizado el hacinamiento, las condiciones poco higiénicas y las largas jornadas laborales que sufren temporeros extranjeros en Alemania. Unas condiciones que, obviamente, aumentan las posibilidades de aparición de focos de contagio, como los surgidos en algunos mataderos del país – en los que también trabajan muchos ciudadanos del este de Europa y cuyas condiciones fueron calificadas recientemente de “vergonzosas para Alemania” por la Organización Internacional del Trabajo –. 

Huelga en Bornheim 

A mediados de este mes de mayo una noticia llamó la atención de Erik Hagedorn y sus colegas del pequeño sindicato anarquista Unión Libre de Trabajadores y Trabajadoras (FAU): un grupo de temporeros rumanos se levantó en una explotación de espárragos de la localidad de Bornheim, cerca de Bonn, en el estado federado occidental de Renania del Norte-Westfalia. Cuando Erik y sus compañeros llegaron al lugar, se encontraron con la siguiente situación: decenas de trabajadores rumanos denunciaban no haber recibido sus salarios; la empresa no cumplía con las medidas de protección contra el coronavirus y ofrecía salarios más bajos y peores condiciones a los empleados extranjeros que a los alemanes; los temporeros vivían hacinados en contenedores dentro de la misma explotación, en la que se les ofrecía comida comida en mal estado. 

Uno de los temporeros filmó los barracones en los que vivía dentro de los mismos terrenos de la empresa Spargel Ritter – que se ha declarado en bancarrota –. El sindicato FAU publicó las imágenes en su canal de Youtube. “Diría que lo ocurrido en Bornheim es lo habitual. La diferencia es que allí la gente se levantó y ello les permitió recibir ayuda de nuestro sindicato. Pero, lamentablemente, no es lo normal. En la mayoría de ocasiones, simplemente, les toman el pelo”, asegura Erik Hagedorn a EL PERIÓDICO. 




Problema “estructural” 

El portavoz de la FAU argumenta que el colectivo de temporeros extranjeros en Alemania ha tenido históricamente poca o nula representación sindical. Ello responde a la desconfianza de los propios trabajadores, que acumulan malas experiencias con sindicatos corruptos en sus países de origen, el poco o nulo conocimiento de alemán de los temporeros y también a lo equipos de seguridad contratados por empresarios, que mantienen aislados a los empleados extranjeros. 

El informe “Iniciativa para un trabajo agrícola justo”, confeccionado por el sindicato mayoritario IG BAU, apunta que condiciones como las de Bornheim no son aisladas ni nuevas: “Como en el 2018, las penosas situaciones descubiertas en muchos lugares permiten suponer un fraude sistemático en el pago del salario mínimo. Los trabajadores entrevistados en los campos a menudo mencionaban uno o varios de los siguientes delitos: fraude salarial, nóminas y hojas de horarios opacas, falta de equipos de protección, retenciones salariales ilegales, alojamiento y alimentación precarias….”. 

IG BAU pide aumentos salariales para un colectivo que considera “relevante para el sistema” y medidas como las tomadas por las autoridades alemanas en el sector cárnico tras la salida a la luz de los focos de infección de covid-19. De momento, el tema no parece estar en lo más alto de la agenda del gobierno federal: el pasado 27 de mayo, la cancillera Angela Merkel y el primer ministro rumano, Ludovic Orban, mantuvieron una llamada telefónica. En ella, hablaron de “la necesidad de cumplir los estándares de protección laboral y de higiene” de los temporeros rumanos en Alemania”. No propusieron, sin embargo, medidas concretas para ello.

Reportaje publicado en El Periódico de Catalunya.


domingo, 21 de febrero de 2016

Entrevista a la periodista mexicana Ana Lilia Pérez

Ana Lilia Pérez, durant l'entrevista a Berlín. Andreu Jerez ©
“A Mèxic no passa res, i quan passa alguna cosa, tampoc passa res”. Aquesta és una popular frase entre lesperiodistes a Mèxic, un dels països més perillosos del món per treballar com a reportera. Desenes de professionals han estat assassinades o han desaparegut des de la transició al sistema multipartidista. Multipartidista perquè, tenint en compte la crisi de drets humans, la violència estructural i la brutal impunitat que pateix el país, és difícil qualificar Mèxic com sistema democràtic.

La periodista Ana Lilia Pérez ho sap prou bé: va haver de viure més de dos anys fora del seu país. La seva vida corria perill després de rebre amenaces de mort arran de les seves investigacions sobre la corrupció i la col·lusió entre alts representants de l'Estat mexicà i el crim organitzat. Alemanya va ser un dels països on es va exiliar Ana Lilia Pérez. Allà va continuar amb el seu treball periodístic. De la seva estada europea va néixer el seu últim llibre Mares de cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico. 

Aquesta entrevista va tindre lloc a una cafeteria d'un hotel a Berlín, on la periodista va recollir recentment un premi a la llibertat d'expressió atorgat per l'Associació alemanya d'Editors de premsa. Malgrat els perills, la periodista va decidir recentment tornar al seu país. 

Com has vist Mèxic a la teva tornada? 

 Vaig deixar Mèxic quan Felipe Calderón encara era president. Al tornar-hi he vist un Mèxic amb focus vermells, fonamentalment pel què fa a la seguretat. Mèxic enfronta un període molt greu en matèria de seguretat pública. Això és molt perceptible tant per la falta de seguretat que pateix la societat civil com pel deteriorament dels drets humans. Ara em trobo un Mèxic amb desaparicions forçades com la d’Ayotzinapa, la dels 43 normalistas. Estem parlant d'un cas paradigmàtic perquè les desaparicions són cada vegada més freqüents, conformen la quotidianitat de Mèxic. A això cal sumar les agressions contra periodistes. Un dels últims casos va ser el del fotògraf Rubén Espinosa, assassinat a la capital. Fins fa poc les agressions a periodistes se solien donar fora del Districte Federal. 

Què va suposar l'assassinat del fotoperiodista Rubén Espinosa? 

El cas de Rubén és molt greu. Ja havia rebut amenaces al seu Estat, a Veracruz, i va arribar al DF com a mesura de protecció, buscant refugi a la capital. I no obstant això, l'Estat no va ser capaç de garantir la seva seguretat. Darrere els crims i les amenaces contra periodistes hi ha tot un clima d'impunitat. Una impunitat que envia un clar missatge: a Mèxic pots agredir un periodista, pots assetjar un periodista o empresonar-lo, i no et passarà res. Tampoc si l'assassinés. Quines mesures de seguretat personal has de prendre al teu país? No puc parlar de les meves mesures de seguretat personal perquè formen part d’un mateix protocol secret. La meva vida va canviar el mateix moment en què vaig patir amenaces de mort i agressions directes, moment en què vaig haver de sortir de Mèxic. Des de llavors, la meva vida no és la mateixa. Cal acatar els protocols de protecció. En algun moment vaig arribar a tindre guardaespatlles. Els protocols són ara una mica més sofisticats, però tampoc això és garantia de res. 

En tot cas, l'Estat mexicà no és el que t'ofereix la seguretat... 

L'Estat mexicà va ser agressor en el meu cas. Quan jo vaig presentar la denúncia per assetjament, agressió i intervencions telefòniques durant el Govern de Felipe Calderón, vaig denunciar alts càrrecs del Govern" De cap manera. L'Estat mexicà va ser agressor en el meu cas. Quan jo vaig presentar la denúncia per assetjament, agressió i intervencions telefòniques durant el Govern de Felipe Calderón, vaig denunciar alts càrrecs del Govern. Prèviament, en diversos articles i llibres vaig documentar i revelar foscos negocis il·legals al sector energètic per part d'alts funcionaris. Una corrupció que vaig denunciar amb el llibre "Camisas blancas, manos negras". Va ser la primera investigació periodística sobre la corrupció que imperava al govern del PAN (Partido de Acción Nacional), un govern que a Mèxic es va presentar com el de l'alternança, l'eslògan del qual era "Un Govern de les mans netes". Vaig demostrar com els negocis que es feien a l'empresa Petroleos Mexicanos (PEMEX) beneficiaven tant a les famílies dels presidents Vicente Fox i Felipe Calderón, com a les dels seus ministres, com, per exemple, l'aleshores ministre de Governació, Juan Camilo Muriño. Vaig revelar tots els contractes que tenia Muriño al sector energètic amb tràfic d'influències i conflicte d'interessos. Quan vaig publicar aquesta investigació, es discutia la reforma energètica a Mèxic, una de les reformes més importants per a un país el sector petrolier significa no només la seva principal font de riqueses, sinó també un sector unit tradicionalment a la identitat dels mexicans. A partir d'aquest moment, alts funcionaris del Govern van desplegar un assetjament contra mi. Llavors vaig recórrer a Fiscalia Especial per a Delictes contra la Llibertat d'Expressió. Quan vaig a la fiscalia i denuncio els assetjaments estretament vinculats a la meva feina periodística, recordo molt bé el comentari de la gent del ministeri públic. "Doncs qui sap si escau aquesta denúncia, perquè aquesta gent és molt important", em van dir. Ja estaven deixant anar que la denúncia no procediria. No només va ser així, sinó que a més l'assetjament contra mi va empitjorar. És més, la mateixa fiscalia va ordenar que se m'hi arrestés. Em volien empresonar per una denúncia d'uns dels contractistes de PEMEX per presumpte dany moral per haver publicat una entrevista al que m'explicava el finançament il·legal que l'hi havia donat al president Felipe Calderón. Unes declaracions en una entrevista consensuada, gravada i que vaig fer pública. Aquest empresari intentar subornar, intents que jo vaig denunciar. Es tracta d'un empresari molt poderós del sector resistir, de l'empresa Z Gas, un holding de 80 companyies que operen a Mèxic, a Amèrica Central, Amèrica del Sud i que també té accions d'algunes empreses a Espanya. El que jo he viscut a Mèxic ha sigut totalment kafkià.

jueves, 22 de octubre de 2015

Què està passant a Mèxic?


La desaparició dels 43 estudiants de l’Escola Normal d’Ayotzinapa ha suposat un punt d’inflexió en la percepció de la greu crisi de drets humans que pateix Mèxic des de fa més d’una dècada. Els 43 joves desapareguts a les mans de la policia de l’Estat de Guerrero ara fa poc més d’un any, aparentment amb la col·laboració del crim organitzat, podrien haver-se dissolt com una freda estadística més en les més de 25.000 desaparicions o les més de 100.000 morts violentes que arrossega el país des de l’inici de l’anomenada ‘guerra contra el narco’ inaugurada en 2006 per l’expresident Felipe Calderón. La reacció de la població civil mexicana, d’una banda, i l’atenció dels mitjans de comunicació internacionals, de l’altra, han evitat, però, que la desaparició forçada dels 43 normalistes haja passat desapercebuda. 

El cas d’Ayotzinapa fa que ara molts es pregunten: què està passant a Mèxic? Què està provocant, segons Human Rights Watch, la crisi més greu en matèria de drets humans a l’Amèrica Llatina de les últimes dècades? La narrativa oferta pel poder polític mexicà i pels mitjans internacionals sol apuntar el crim organitzat i la corrupció com els principals factors responsables dels milers de desaparicions forçades o de les desenes d’assassinats de periodistes, d’activistes socials i de sindicalistes “incòmodes” amb els poders fàctics mexicans durant els últims 15 anys. 

Una narrativa que, segons organitzacions defensores dels drets humans i mitjans mexicans crítics, intenta amagar la cada cop més evident realitat: la col·lusió entre els diferents nivells de l’Estat federal mexicà i els diversos grups de crim organitzat que operen al país es fa indispensable per entendre els orígens d’aquesta crisi de drets humans. 

Transició (fallida) al multipartidisme 

Quinze anys després de la transició efectiva del priisme de partit únic al mutipartidisme configurat fonamentalment per tres partits polítics (Partit d’Acció Nacional [PAN], Partit Revolucionari Institucional [PRI] i Partit de la Revolució Democràtica [PRD]), entre analistes i periodistes mexicans cada vegada queda més clar que la crisi actual és incomprensible sense tindre en compte dos elements: el model econòmic neoliberal aplicat pels successius governs mexicans des de fa més tres dècades i la col·lusió entre el poder polític i el crim organitzat des del nivell local fins al federal. Tot plegat ha provocat una transició fallida a un sistema democràtic funcional, i també que el concepte de “narcoestat” siga cada dia menys tabú a l’espai públic mexicà. 

Per entendre la situació, per tant, cal analitzar els dos elements ja esmentats com a processos profundament entrellaçats: com ben explica el veterà periodista del combatiu setmanari ‘Proceso’ José Gil Olmos al seu recent llibre ‘Batallas de Michoacán’, “és com si els ‘narcos’ mexicans hagin estat els qui millor van entendre i aprofitar les lleis de l’economia globalitzada, que no sap de límits fronterers ni de codis humanitaris”. 

Tan aviat com l’Estat mexicà, amb les seues reformes neoliberals, va abandonar els programes d’assistència social i econòmica a la dècada dels anys vuitanta, els grans capitals privats van imposar noves pràctiques de dominació social. La crisi del camp i les inversions agrícoles van possibilitar un major augment de cultius il·legals; conseqüentment, i gràcies als guanys generats pel narcotràfic, els càrtels de droga van acabar convertint-se en poderosos conglomerats econòmics amb interessos nacionals i transnacionals, com assenyala des de fa anys Edgardo Buscaglia, investigador, acadèmic i assessor de les Nacions Unides. Aquí podeu llegir el seu interessant article “México pierde la guerra”.

Article publicat a El Crític. Continuar llegint al següent enllaç.

martes, 25 de noviembre de 2014

"En México estamos viviendo una reedición de la guerra sucia"

Henning Schacht / Amnistía Internacional ©.
Teólogo, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Guerrero es una voz reconocida en el activismo civil mexicano. En una reciente visita a Alemania, donde en 2011 fue galardonado por Amnistía Internacional por su labor en el violento Estado de Guerrero, Barrera no dudó en ligar a las más altas estancias del Gobierno federal con el crimen organizado y el narcotráfico. 

Señor Barrera, ¿por qué cree que el caso de los jóvenes de Ayotzinapa ha provocado tal reacción internacional, teniendo en cuenta que hace años que en México rigen la colusión entre instituciones y crimen organizado y la violación sistemática de los Derechos Humanos? 

Lamentablemente, en nuestro país la situación siempre se trata de ocultar. El mismo presidente de la República se deslindó de su responsabilidad en esta ocasión. Nadie creía que los estudiantes iban a desaparecer; todos pensábamos que a lo mejor se había refugiado en algún lugar ante la represión. Pero su desaparición provocó que los padres se comenzaran a concentrar, y desde ahí se gestó este movimiento de reclamo global por la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos. 

¿Y por qué ha cobrado el caso de los jóvenes de Ayotzinapa tal dimensión? 

Porque en él se concentra una tragedia en la que están involucrados policías, el presidente municipal de Iguala y su esposa, porque hay omisión por parte del Gobierno federal y porque el ejército no impidió que ocurriese lo que ocurrió. El Estado mexicano en su conjunto, y sobre todo las instituciones encargadas de dar seguridad, fueron cómplices. Hay poderes fácticos en nuestro país que están influyendo en la manera de ejercer el poder, y de atentar contra la vida y los derechos fundamentales de la población. Sobre todo, cuando se trata de expresiones públicas de protesta, como en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. O tal como ya ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando policías estatales y federales mataron a dos estudiantes en Guerrero, crimen por el cual todavía no se ha castigado a nadie. 

¿Cómo cree que podría combatirse la galopante impunidad que sufre su país? 

En el caso concreto de Ayotzinapa, primero tiene que haber una investigación profunda con la asistencia técnica de expertos internacionales. Segundo, se tiene que arrancar de raíz la corrupción y se tienen que depurar las policías. No puede ser que sigamos dependiendo de agentes que están coludidos con el crimen organizado. En México no hay garantías de seguridad ni confianza en las autoridades. Somos un país de víctimas y desaparecidos. 

Seguir leyendo en Abc.es.

lunes, 29 de abril de 2013

¿Es México un Estado de derecho?

La política de seguridad del ex presidente mexicano Felipe Calderón (del conservador Partido de Acción Nacional, PAN) ha llevado al país americano “a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. Ésta es la dura afirmación que vierte la organización Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, según el cual hay indicios que sustentan la sospecha de que miles de civiles fueron desaparecidos por soldados y policías mexicanos durante la Administración Calderón (2006-2012). 

El informe de la organización estadounidense parece confirmar lo que era un secreto a voces durante los últimos meses del sexenio anterior: que la guerra contra el narco impulsada por Calderón fue un estrepitoso fracaso no sólo porque no consiguió reducir la violencia del crimen organizado, sino también porque aumentó exponencialmente el número de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. 

Tras la llegada a la presidencia el pasado diciembre de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cifra oficial de muertos en el marco de esa guerra fallida ya asciende a más de 70.000. Así lo confirmó recientemente el secretario de Gobernación (Ministerio de Interior), Miguel Ángel Osorio Chong. La cifra de personas desaparecidas entre 2006 y 2012 asciende además a 27.000. 

Criminalización de las víctimas 

Las acusaciones del informe de HRW, así como las cifras de muertos y desaparecidos, hacen inevitable la comparación entre México y las dictaduras militares del cono sur como la argentina o la chilena. Igualmente inevitable es la siguiente pregunta: ¿es México actualmente un verdadero Estado de derecho? 

“México es un Estado de leyes sin justicia, un país donde hay muchas leyes y en el que sí puedes tener acceso a la justicia, pero ese acceso no es igualitario”, afirma Daniel Zapico, coordinador de Amnistía Internacional México, que publicará un informe similar al de HRW en los próximos meses. La decisión de Calderón de sacar al Ejército a las calles tomada aumentó las denuncias de torturas y asesinatos sumarios cometidos por las fuerzas de seguridad. ¿Cuál fue la reacción del Gobierno de Calderón? “El discurso oficial afirmaba que todas las víctimas de la violencia estatal eran narcotraficantes o colaboradores del crimen organizado”, apunta el coordinador de Amnistía Internacional. 

Esa criminalización de las víctimas civiles de la violencia estatal no es nueva. Viene siendo denunciada desde hace tiempo por asociaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, así como por académicos como Günther Maihold, del prestigioso Colegio de México. Para Maihold, “el movimiento encabezado por Sicilia intenta dignificar a las víctimas consideradas en el discurso oficial como bajas colaterales, que las autoridades niegan al señalar que la guerra del narco solamente está implicando muertes entre los integrantes de los grupos criminales. Esta implícita criminalización de las víctimas civiles es la que ha impulsado a los familiares a movilizarse en contra de una comunicación oficial de la violencia que no respeta la integridad de las personas.”

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