México tiene un nuevo Gobierno desde el pasado 1 de diciembre. Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió el testigo de manos del ya expresidente Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN). La llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada por Calderón en 2006 ha marcado a fuego el sexenio legislativo recién acabado: es decir, el despliegue del ejército y la policía en las calles de México para combatir los carteles de la droga y los grupos criminales que operan en el país.
Aunque el objetivo (oficial) era acabar con el crimen organizado y la corrupción que carcomía México desde hacía años, la política de seguridad puesta en marcha por el Gobierno conservador difícilmente podría haber sido más ruinosa: oficialmente, las muertes derivadas de la narcoviolencia y la violencia estatal superaron las 47.000 hasta septiembre de 2011 (aunque otros medios y organizaciones no oficiales aseguran que las víctimas mortales superan las 70.000 e incluso las 80.000 personas); el enfrentamiento entre los carteles de droga y grupos criminales se ha agravado hasta tal punto que el Estado mexicano ha perdido el control de algunas regiones del país; la corrupción no parece haberse reducido, sino más bien aumentado gracias a los cientos de millones de dólares procedentes del narcotráfico y que fluyen en la circulación legal; al menos 160.000 personas se han convertido en desplazados internos a causa de la violencia generalizada en algunos Estados; y por último, pero no por ello menos importante, las violaciones de Derechos Humanos son actualmente sistemáticas en México.
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